Bartolo Colón tuvo que venir al país a cumplir con la ley 6-86

Por Joseph Suriel

El estelar lanzador de Grandes Ligas, Bartolo Colón, tuvo que pedir permiso a su equipo Angelinos de California, para venir al país a resolver un problema legal en el estadio de béisbol que construye en la comunidad El Copey de Altamira, Puerto Plata.

Bartolo Colón entró en conflicto jurídico al negarse a pagar los impuestos que establece la ley 686 que nutre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción.

El caso se conoció en un tribunal de Puerto Plata, el cual dictó sentencia autorizando embargar las propiedades de Colón tales como sus bienes muebles (vehículos y ganados) e inmuebles (fincas y casas) del estelar lanzador derecho perteneciente a Los Angelinos de California, lo que motivó su llegada urgente al país, luego de obtener un permiso del equipo.

El play que construye Bartolo Colón en la comunidad Copey, de la cual es oriundo, está en su fase final, donde pudo observar a jóvenes practicando béisbol.

Tiene una inversión de 60 millones de pesos, constará con casa-club y otras facilidades, el mismo se puede observar desde la carretera que conduce de Navarrete a Puerto Plata.

La rápida llegada al país el 29 de junio del año en curso permitió a Bartolo Colón ponerse al día con el paso de los impuestos que acuerda la ley en favor de los esforzados trabajadores de la industria de la construcción.

La ley número 6-86 del 4 de marzo de 1986 ha tenido muchos inconvenientes en su aplicación, tanto de sectores políticos como empresarios inmobiliarios que se oponían a pagar los impuestos que fija esta disposición.

Se recuerda que durante los l0 últimos años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer se libraron intensas jornadas de lucha exigiendo el cumplimiento de los impuestos por las obras que construía el Estado que debe pagar el 1% del monto de cada obra; mientras que los constructores privados tienen que pagar el 1.3%.

La última escaramuza contra esta ley la montó la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) que elevó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

El 27 de septiembre del año 2000 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de Acoprovi y ordenó que se hiciera de público conocimiento la vigencia de la ley 6-86. Esto significa que todos los constructores por mandato o en representación del Estado o empresa o persona particular tiene que pagar lo que establece esta norma legal en beneficio de los trabajadores de la construcción.