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El juez de la Primera Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte, doctor Rafael Matías Rodríguez, condenó a 30 años de reclusión mayor a José Alberto Zorrilla, a 20 a Porfirio Antonio Rodríguez Zorrilla y a 20 a José Antonio Muñoz Alba (Pablo), al encontrarlos culpables de la muerte del comerciante Juan Bautista Grullón García, de 62 años, suceso que ocurrió el 28 de octubre del año 2004.

José Alberto Zorrilla, Rodríguez Zorrilla y Muñoz Alba fueron hallados culpables del crimen de asesinato con premeditación, acechanza y alevosía. La premeditación consiste en el designio formado antes de la acción de atentar contra un individuo; la acechanza consiste en esperar más o menos tiempo en uno o varios lugares a un individuo cualquiera con el fin de darle muerte o de ejercer contra él actos de violencia. El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio. Establecidos en los artículos 295, 296, 297 y 298 del Código Penal dominicano.

La sentencia del magistrado doctor Matías Rodríguez también ordena a los inculpados a pagar la suma de 12 millones de pesos de indemnización como justa reparación de los daños materiales y morales sufridos por los familiares del occiso Grullón García. La misma se produjo luego de un largo proceso que se inició el jueves 18 de agosto y culminó a las 11:00 de la noche del sábado 20.

La condenatoria contra José Alberto Zorrilla, Porfirio Antonio Rodríguez Zorrilla y José Antonio Muñoz Alba tiene el número 00032-2005. La dictó ante un nutrido público que asistió al juicio de fondo que condujo el juez Matías Rodríguez en la primera cámara penal del palacio de justicia, rodeado de estrictas medidas de seguridad a cargo de fuerzas militares y policiales.

El juez Matías Rodríguez rechazó los argumentos de los abogados de la defensa por considerarlos mal fundamentados.

Al conocerse el dictamen del juez se percibió que la sentencia dejó satisfechas las expectativas de justicia que mantuvo la población francomacorisana que siguió de cerca cada una de las audiencias del juicio por lo cual estuvo pendiente hasta el último momento por saber el desenlace de este horrendo crimen que cometieron los imputados contra un hombre del pueblo, trabajador, solidario y generoso que tendía la mano a todo aquel que le solicitaba su ayuda o apoyo.

A los confinados se les confiscaron los aparatos, objetos y piezas que constituyeron el cuerpo del delito como son una camioneca marca Scoda Felicia color blanco, placa L-084474, una escopeta Maveric calibre 12, tres celulares Nokia y una soga de Nylon color amarillo. También se les canceló la licencia para porte y tenencia de arma de fuego.

De acuerdo a la narración y debates en el tribunal, el horrendo crimen que consternó a la comunidad francomacorisana tuvo su origen en un dinero que debía José Alberto Zorrilla a Juan Bautista Grullón García.

Zorrilla, propietario de la Ferretería Z-M de la calle H #36 del ensanche Abreu, llamó a Grullón García a su negocio de ventas de gomas y repuestos, supuestamente para entregarle el dinero que le adeudaba por lo que éste salió hacia la ferretería a recibirlo pero no regresó a su negocio ni a su casa.

Fue entonces que su hijo Franklin Juan Grullón Ureña presentó formal querella en la Policía en contra de José Alberto Zorrilla, Porfirio Rodríguez Zorrilla y José Antonio Muñoz Alba, por la llamada telefónica que recibió su padre a las 12:00 del mediodía la cual recibió la secretaria del negocio.

No se supo más de él hasta que encontraron su cadáver la tarde del 29 de octubre en medio de unos arbustos del paraje Maguey de Rancho Viejo, La Vega en las proximidades del río Camú.

El cadáver presentaba fuertes golpes en la cabeza y en el pecho propinados con una mandarria la cual encontraron las autoridades en un allanamiento que realizaron en la residencia de José Alberto Zorrilla. La mandarria estaba en una funda plástica transparente manchada de sangre.

En representación de la familia de Grullón García (parte civil) actuaron los abogados doctor Francisco Francisco y licenciado Adelvis Rodríguez, mientras que en la barra de defensa estuvieron los doctores Raúl Reyes Vásquez, Cristian A. Martínez y el doctor Virgilio Bello Rosa quien se hizo representar por el licenciado José Gabriel Rubio. Como ministerio público estuvo el Procurador Fiscal de Duarte, licenciado Juan de Dios Rosario, asistido por el Alguacil de Estrados Simón Pedro Hernández.

Juez reparte 60 años a matadores de Wellington
El lunes 22 de agosto fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno Andy Manuel González Santana y Juan María Vélez Almánzar alias (La Mecedora), al ser hallados culpables de la muerte del taxista Wellington Ramón Ortiz Honrado, hecho ocurrido el martes 13 de febrero del año 2001.

Este caso que tuvo más de treinta reenvíos comenzó el jueves 18 y concluyó a las 9:00 de la noche del lunes 22 de agosto, con el dictamen del magistrado doctor Pascual Arias, Primer Juez Liquidador de la Primera Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte en esta ciudad.

En los debates actuaron los licenciados Viterbo Pérez y Paulino Duarte (en la defensa) y Adelvis Rodríguez, por la parte civil. La lectura integral de la sentencia, se realizará el 6 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en esa primera sala de lo penal.

El taxista Willington Ramón Ortíz Honrado fue encontrado en estado agónico dentro de su carro Toyota Corolla color rojo, la mañana del martes 13 de febrero, en la sección Honduras de Las Guáranas, con un balazo en el costado derecho que le perforó el hígado, los riñones y otros órganos importantes.

El crimen contra Ortíz Honrado tuvo lugar en momento que cumplía con su servicio de taxista de la base Taxi Móvil, adonde fue llamado por los hoy imputados. El motivo del asesinato fue el robo ya que los bolsillos de su pantalón estaban volteados hacia afuera.

Estas y las demás condenas de hechos relevantes que consternaron a esta ciudad, se conocen en ambas cámaras penales donde los magistrados, con sus escritorios repletos de expedientes, trabajan arduamente en busca de que la Justicia se imponga de manera equitativa, como respuesta a una población, que indignada por la crueldad de estos crímenes, reclama castigar con todo el peso de la ley a quienes de forma brutal acabaron con la vida de hombres serios, trabajadores y serviciales.