Corte de apelación anula sentencia condenó acusados muerte Juan Grullón

Por Mercedes Pérez

La Corte de Apelación del Departamento de San Francisco de Macorís, en audiciencia que realizó el lunes 17 de octubre, decidió anular la sentencia que condena a 30 y 20 años cada uno, respectivamente, a los imputados de la muerte del comerciante Juan Bautista Grullón. La decisión del tribunal de alzada ordena también la celebración de un nuevo juicio.

Además envía el caso por ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís para que conozca de él a los fines de que se haga una nueva valoración de las pruebas.

La decisión de la Corte desoyó las opiniones del juez presidente del tribunal, que se considera disidente de la de sus colegas magistrados; la del fiscal adjunto actuante y la de los abogados de la parte civil.

La condena de 30 años a José Alberto Zorrilla, y 20 años a cada uno para Porfirio Antonio Rodríguez y José Antonio Muñoz Alba (Pablo), la dictó el 20 de agosto el juez de la Primera Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte doctor Rafael Matías Rodríguez. Los abogados de los imputados apelaron el fallo de inmediato.

La Corte decidió la anulación de la sentencia pese a que los apelantes no presentaron en su escrito de apelación, las pruebas que acreditaran la veracidad de los alegatos invocados por ellos como son: “falta manifiesta en la motivación de la sentencia por parte del juez Matías Rodríguez, “ilogicidad y contradicción manifiesta en la motivación” y “quebrantamiento de las normas legales”.

La sentencia de la Corte de Apelación dice que los recurrentes tampoco incorporaron al juicio mediante lectura ningún documento ni otro tipo de pruebas que fundamentara sus pretensiones, tal como lo establece el Código Procesal Penal.

La Corte de Apelación la preside el doctor César Antonio Gutiérrez Tobal y los doctores Héctor José Vargas Ramos y Delfina Amparo De León, primer y segundo sustituto del presidente, respectivamente. Además la integran los licenciados Luis Sulpicio Almonó y Claudio Aníbal Medrano, miembros.

La anulación de la sentencia condenatoria de primera instancia se produjo pese a que el fiscal adjunto licenciado Wascar Antonio Fernández pidió rechazar el recurso de apelación “por no estar aportada a los términos de los artículos 399, 418 y 420 del Código Procesal Penal respecto a las condiciones de forma y de fondo presentes en los referidos textos legales.

El documento que recoge la sentencia de la Corte de Apelación contiene el ‘voto disidente’ de su juez presidente doctor Gutiérrez Tobal quien sostuvo que “de la sentencia impugnada no se ha podido probar con elementos suficientes ni muchos fehacientes que dicha sentencia carece de motivación; que se haya violado el derecho de defensa; que haya ilogicidad, falta de contradicción, inmediatez como tampoco violación a una norma jurídica, entre otras razones y motivos”.

Los abogados de los imputados son los doctores Virgilio Bello Rosa, Raúl Reyes Vásquez, licenciado Cristian Martínez, Israel Rosario Cruz, Guillermo Marte y Félix Damián Olivares.

Mientras que la parte civil la representan el licenciado Adelvys Rodríguez y el doctor Francisco Francisco Trinidad (Paquico).

Tribunales Colegiados
El Tribunal Colegiado de Primera Instancia para el Departamento de San Francisco de Macorís, está integrado por las licenciadas Wendy Vélez, Sara Altagracia Veras Almánzar e Indhira Paulino, quienes fueron designadas por la Suprema Corte de Justicia.

Mediante la Resolución número 1735-2005, de fecha 15 de septiembre del 2005, quedó establecido el Reglamento sobre los Tribunales Colegiados de Primera Instancia de Jurisdicción Penal.

Estos tribunales conocerán los casos cuya pena privativa de libertad sea mayor de dos (2) años, y lo integran tres jueces de primera instancia. La función de los tribunales colegiados es procedente cuando en ocasión de un recurso de apelación se haya ordenado la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal distinto del que dictó la decisión.

Caso del Arq. José Daniel Díaz
En cuanto a la audiencia que estaba pautada para el 19 de octubre para ventilar el crimen contra el arquitecto José Daniel Díaz, se aplazó para otra fecha no establecida ya que el juez liquidador doctor Ramón Pascual Arias quien tenía el caso a su cargo fue designado como juez de la instrucción y se espera el nombramiento del sustituto.