Derechos Humanos considera que matar no disminuye delincuencia

Por David Díaz

La Comisión Duarte para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que torturando, matando a seres humanos y realizando redadas policiales, sin aplicación de políticas y procedimientos viables y correctos no disminuirá la delincuencia y la criminalidad en el país.

Mediante un amplio documento entregado a la prensa, dijo que es lemantable que en estos hechos participen niños, adolescentes y jóvenes deshauciados, lo que indica la descomposición familiar, falta de educación, desempleo y otros males sociales, dejando claro que “a mayor población fuera de la familia, de la escuela y del trabajo, mayor delincuencia”.

Considera que las instituciones de la sociedad civil, la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación y otros sectores, deben implementar esfuerzos en la dirección de minar la base de apoyo de quienes se dedican a delinquir de diversas formas y maneras, orientando adecuadamente a nuestros niños, adolescentes y jóvenes hacia la participación de actividades sanas, enaltecedoras de los más trascendentes valores que la humanidad nos ha legado.

La entidad defensora de los derechos humanos expresa que es responsabilidad del Estado y el Gobierno actual y diseñar todos los recusros que se requieren, politicas de integracion, compesacion social adecuada y eficientes, que enfrenten las raíces profundas del auge de la delincuencia y la criminalidad que afecta a la sociedad domincana.

Manifiesta que el último año la República Dominicana ha sido impactada por los efectos de la aplicación de politicas neoliberales que han impuesto recortes en los gastos sociales del Estado, lo que en consecuencia disminuye las posibilidades de acceso de gran parte de la población a servicios básicos fundamentales como la salud, educación, energía eléctrica, el deporte, agua potable y otros.

Criticó que ante esta deprimente realidad la respuesta oficial es el uso de la fuerza pública, cuyos miembros realizan redadas y apresamientos indiscriminados e ilegales, asesinatos extrajudiciales, como acciones que procuran, según sus jefes, detener las desviaciones delictivas en la que participan ciudadanos, que solamente forman parte de las capas medias y bajas, generalmente jóvenes.

Sotuvo que la crisis ético-moral y el deterioro de los valores esenciales es lo que se ha sustentado la concivencia humana en nuestro territorio insular, ya traspasa los linderos del Estado y el gobierno, tocando a instituciones tradicionales y significativa influencia y poder de convencimiento como la familia, la iglesia, la escuela y medios de comunicación.

Lamentó que productores de programas de radio y televisión emiten discursos irrespetuosos de la dignidad humana, sin apego a principios éticos como la verdad, la justicia y la honestidad.

Cree que conductores de programas deben auxiliarse de especialistas en Derecho, profesionales de la conducta y cientistas sociales para mejorar y fortalecer su línea de orientación hacia, una realidad de mayor seguridad ciudadana, para lograr espacio frente a quienes utilizan los medios para ganar rating de popularidad, fomentando el odio y la violencia entre seres humanos.

Reiteró su disposición a contribuir con el combate a la delincuencia y la criminalidad, insistiendo siempre en la necesidad de ir a las raíces profundas que determinan los actos delictivos y en el uso de los métodos, técnicas y procedimientos que la Constitución y las leyes ponen en manos de las autoridades, para que todo aquel que viole las normas establecidas responda ante una autoridad judicial competente por los hechos cometidos, con sanciones y medidas de control penal que correspondan.

El documento del Comité Duarte para la Defensa de los Derechos Humanos está firmado por la licenciada Josefina Compres Santana, presidenta; padre Ramón Alejo, vicepresidente; profesor Rafael Alvarez Castillo, licenciada Joaquina Méndez, doctor José Polanco Liranzo, licenciado Eudes Hernández y licenciada Rosa Urania de la Cruz, todos directivos.