Una escuela de calidad

Por Lic. Francisco Taveras Ortíz

Para iniciar con éxito un proceso de transformación de la sociedad, hay que contar con una escuela de calidad. Para ello es conveniente un cambio de actitud no sólo del maestro, sino también de la familia, pie de amigo y corres-ponsable de la educación de los niños /as.

Una educación de calidad no es condición exclusiva para lograr el desarrollo de una sociedad, pero sí una condición indispensable.

La clase política, ya sea por ignorancia, conveniencia o simplemente por indolencia es indiferente al problema de la calidad de la educación; y cuando llegan al poder, fingen preocupación por el problema, pero en el fondo su discurso es solo para llenar re-quisitos o por exigencias de organismos crediticios internacionales y no con el objetivo de superar la dificultad, a fin de cuenta sus hijos /as están en los mejores colegios, donde se aseguran una educación de calidad, y cuando estos sean adultos, serán los dirigentes que gestionarán las instituciones públicas y privadas y “dirán” a los pobres qué hay que hacer.

El país tendrá que superar la deficiencia en la calidad de la educación, pues los tiempos modernos y la apertura de los mercados obligan a mejorar la producción y la productividad, y para ello se hace necesario la efientización de la mano de obra, para poder competir en igualdad de condiciones con los países amigos.

Nuestros niños /as de escuelas públicas llegan a la misma a la hora que pueden y salen un poco más temprano, no así los hijos de clase mejor remunerada o de clase alta, los cuales permanecen en la escuela 4, 5 y hasta 7 horas diarias, asegurándose esto último una mejor calidad de educación.

La sociedad en su conjunto tiene que hacer un extraordinario esfuerzo para lograr mejor calidad de la educación, iniciando con los primeros años de vida del niño /a y continuando a lo largo de su educación.

Procurar una escuela de calidad; coope-rar, para que ello sea posible. Ser vigilante para que se respete la Ley Orgánica de Educación (66/97) y exigir a los gobiernos la asignación presupuestaria establecida en esa misma ley que establece que el presupuesto anual de educación debe ser equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) ó el 16% del presupuesto nacional.