Abogados dicen oficinas los desplazan del ejercicio del Derecho

Por Mercedes Pérez

Abogados penalistas de esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestaron su queja en torno a la Oficina de Defensoría Pública, la cual consideran los ha desplazado de los tribunales del Palacio de Justicia.

Los profesionales del Derecho expusieron sus quejas, mediante reunión realizada la mañana del viernes 20 de abril, en el salón de conferencias El Flamenco, ubicado en la calle El Carmen casi esquina Imbert de esta ciudad.

En la actividad los abogados que ejercen en materia penal, específicamente, culpan a la Ley No.277-04 que instruye el Servicio Nacional de Defensa Pública a reclusos de escasos recursos económicos.

“El desplazamiento está justificado por estadísticas dadas por la Oficina de Defensa Pública, la cual establece que han captado el 91% de los casos que han ingresado”, expresó el licenciado Luis Abréu.

Abréu informó que esta es la primera reunión que se realiza, en la cual promueven a la unidad de los abogados, a fin de definir un plan concreto de lucha a seguir.

La Oficina Nacional de Defensa Pública comenzó a funcionar a partir de diciembre del año 2005, en el Palacio de Justicia de esta ciudad. Tiene como misión asistir, asesorar y representar de manera permanente y contínua a las personas sujetas a un proceso penal y no tienen abogado o carecen de recursos económicos.

Lo abogados con especialidad en Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional, fueron designados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en dicha oficina.

La Ley 277-04 fue promulgada el 12 de agosto del año 2004, y tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.

Los profesionales del Derecho expresan su pesar, pues alegan que dicha oficina ha disminuído el ejercicio, afectando su derecho laboral. Se quejaron además, de que en el cuartel de la Policía hay un defensor público permanente.

Dijeron que tanto la Oficina de Defensa Pública como a la Oficina de Atención Permanente acuden no sólo personas de escasos recursos, sino también otras que sí pueden pagar un abogado privado.

Por otra parte, esta reportera se enteró de que familiares de reclusos muy pobres acuden a la Oficina de Defensa Pública al saber que en otros casos, abogados que asumen la defensa del preso, abandonan el proceso tan pronto obtienen una medida de coersión.