Fondo de Pensiones de la Construcción responde al Codia y Acoprovi

Por Joseph Suriel (SNTP)

SANTO DOMINGO.- El Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción a través de su director ejecutivo Luis Miguel Martínez Glas, respondió a las calumnias y mentiras emitidas los días 17 y 18 del presente mes de abril en algunos periódicos de circulación nacional, en la cual decían que los trabajadores del sector construcción desconocen el uso que se les está dando a los recursos que se generan por la aplicación de la Ley No.06-86.

Martínez Glas, manifestó que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción, es una entidad autónoma y descentralizada del Estado dominicano, que opera como organismo complementario sectorial del sistema Dominicano de Seguridad Social, bajo el escrutinio de la Superintendencia de Pensiones y de la Contraloría General de la República, “la cual nos audita a través de la Cámara de Cuentas, cuyos resultados están a disposición del público en general, por lo que estamos actuando con transparencia”.

“Actualmente tenemos una nómina de novecientos diez (910) pensionados, y erogamos la suma de $2,229,500.00 (Dos millones doscientos veinte y nueve mil quinientos pesos) mensuales, y en los veinte y un años (21) de su existencia hemos desembolsado la suma de $73,687,925.00 pesos en pensiones y por concepto de servicios y asistencia social de los trabajadores de la construcción que lo han requerido, la cantidad de $13,190,817.00”.

El director ejecutivo del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción dijo que: “la razón principal de que nuestra entidad no haya podido incrementar el número de pensionados es porque el Estado dominicano tiene una morosidad acumulada de Mil doscientos doce millones quinientos mil ochocientos dieciseis pesos con 39 centavos ($1,212,500,816.39) y también la escasa solidaridad del CODIA que al parecer se le olvida las grandes jornadas de luchas conjuntas que hemos realizado, entre otras, por los derechos y reivindicaciones sociales tanto de sus afiliados como los de nuestra entidad, la cual es el soporte esencial de generación de sus ingresos profesionales; a esto se suma las triquiñuelas utilizadas por el sector privado de la construcción para evadir el cumplimiento de la Ley No.06-86, a la cual les adeuda la suma de $1,691,148,589.00 encabezados por la mayoría de los miembros de Asociación de Constructores y Promotores Privados (ACOPROVI).

Los constructores privados se resisten al reconocimiento de la Ley 06-86, ignorando incluso la autoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual en fecha 27 de septiembre del año 2000, mediante sentencia No.13 rechazó las pretenciones de esa asociación empresarial para que se declarara inconstitucional, sino que además retienen el porcentaje salarial correspondiente a los trabajadores, pero no lo depositan en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como dispone la ley, en cambio lo reinvierte para su provecho particular, lo cual les hace pasibles de las sanciones establecidas para castigar a todo aquel que incurra en el enriquecimiento ilícito.

Todo lo anterior expresado demuestra claramente, que las declaraciones de los señores ingenieros Adolfo Cedeño y Jaime González, presidente del CODIA y de Acoprovi, respectivamente, son calumnias y mendaces, sino que ponen en manifiesto sus evidentes y aviesos propósitos de burlar toda ley, norma o reglamento que implique cualquier erogación de fondos para protección y salud de los trabajadores que con su esfuerzo y sacrificio paradójicamente, convierten en realidad sus ambiciones y sueños de riquezas.

El Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva del Fondo, hizo un llamado a todos los trabajadores de la construcción y a las organizaciones sindicales que lo representan, para que se unan en la defensa de la única entidad que realmente responde a sus necesidades cuando ya han agotado sus fuerzas productivas, otorgándoles una pensión por vejéz o incapacidad, o auxiliándoles económicamente, en caso de enfermedad, compra de medicamentos, estudios clínicos y/o gastos funerales.