Dirigentes del MAP aseguran decisión SCJ beneficia sociedad

Martes, 04.03.2008
Los principales dirigentes del Movimiento Ambiental Progresista (MAP) en cuatro provincias del país aseguran que la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que declara admisible un recurso de casación en contra de la sentencia que descarga de responsabilidad a dos ex funcionarios del pasado gobierno acusados de introducir al país más de 50,000 toneladas de rockash por Samaná y Manzanillo beneficia a la sociedad y sienta un precedente en el sector de medio ambiente.

Doctor Juan Rumaldo, agrónomo Enesito Ramos, Marino Matos y Rafael Taveras, presidentes provinciales del MAP en Montecristi, Dajabón, Samaná y San Francisco de Macorís, respectivamente, saludan la decisión por considerarla correcta y acertada, y sirve de estímulo a los ambientalistas para continúen su lucha en defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Afirman que tienen la convicción de que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia impondrá las sanciones que se merecen el ex subsecretario de Medio Ambiente, Héctor René Ledesma, y el ex director de la Autoridad Portuaria, Rosendo Arsenio Borges Rodríguez.

Precisan que esos ex funcionarios son los responsables de que al país se introdujera el material contaminante en violación a decenas de artículos de la Ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, por lo que merecen una sentencia ejemplarizadora para que acción como esa no vuelva repetirse en el país.

Los jueces Hugo Alvarez Valencia, presidente de la Cámara Penal, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos fijaron el conocimiento del fondo del proceso para este miércoles.

Rumaldo, Ramos, Matos y Taveras estiman que la decisión del tribunal es una señal para los violadores de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales de que dicha legislación será aplicada.

Sostienen que si la justicia no da un ejemplo contra aquellos que introdujeron al país el rockash entonces serviría de estímulo para que otros hagan lo mismo en el futuro porque no recibirán sanción alguna.

Insisten que la justicia debe llevar un mensaje a la sociedad de que todo aquel que cause daño al medio ambiente y los recursos naturales debe ser sancionado, y exponen que los crímenes y delitos contra el medio ambiente están claramente penalizados por la Ley 64-00, y cuando son cometidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir esa legislación, eso constituye un agravante que debe ser considerado por los jueces.

Los presidentes del MAP en Dajabón, Montecristi, Samaná y San Francisco de Macorís señalan que los integrantes de esa agrupación en las diferentes provincias del país están a la espera de que los culpables de introducir el material contaminante sean castigados con rigurosidad, conforme a las leyes.

Rumaldo, Ramos, Matos y Taveras exponen que el inicio del proceso pone en alto el nombre de la Suprema Corte de Justicia porque comienza una nueva etapa en el área de medio ambiente y recursos naturales.