Reformas

• Luis J. Báez del Rosario

Externamos críticas por la contaminación del sistema, vulnerables estructuras, identificamos y señalamos culpables, pero no tenemos la sinceridad y valor de autocriticarnos e incriminarnos por la omisión de nuestras propias responsabilidades en determinadas circunstancias y acuciantes problemas, unos provocados, otros condicionados por factores adversos.

Nunca es tarde para reconocer nuestros errores y rectificarlos con honesta voluntad, renunciar a la cómoda y estéril actitud crítica en simples interlocutorios de limitados espacios y paredes, que no aportan soluciones posibles a los problemas, por el contrario, ahondan e ignoramos que los estimulamos con nuestra indiferencia e inercia, cuando debemos actuar no como espectadores de gradas, sino como actores principales en los debates y acciones resolutorias. Es tiempo, aún para los escépticos, sin negar que sea uno de ellos, pero conservando una mínima reserva de optimismo, que el país después de unas elecciones, nueva experiencia democrática en que participaron actores sociales y políticos, en que estamos en vías de solidificar el sistema democrático e instituciones políticas, se prepare para acosar como reto las reformas urgentes y necesarias para crecer y fortalernos como Nación.

Un preámbulo válido a las reformas que apremiamos sin excusas dilatorias, que en muchos casos responden a aviesos intereses políticos y económicos, es la reforma moral en el hombre dominicano, principalmente por la autoridad, espacio y rango que éste por ley natural asume y ocupa en la familia, sociedad y organigrama político de la nación, en que es una pieza importante por su accionar, para la descontaminación y saneamiento de la sociedad e instituciones soportes, permeadas por el virus de la corrupción, máxime de cuello blanco, ataviada cínicamente con el frac de la “honorabilidad” para confundir las apariencias, la más irritante y funesta, sin lo cual sería un absurdo e imposible las demás reformas.

Reforma a fondo e in extenso de la Constitución de la República, sin remiendos de ocasión o perchas dispuestas para trajes políticos de conveniencia; adecuando nuestra Constitución a las corrientes modernas que imponen dialécticamente los nuevos tiempos, en que se valore íntegramente en la plenitud y dimensión de sus derechos, con igualitario grado o condiciones de oportunidades a dominicanos y dominicanas, en que se defina y fortalezca la nacionalidad, para no dejar resquicios abiertos a los que conspiran para destruirla; sobre el medio ambiente, extensión de nuestros límites territoriales marítimos, de los que podemos aprovechar y explotar su infinita riqueza, se presume inclusive la existencia de petróleo; unificación de las elecciones generales y de medio tiempo, esto es, congresionales y municipales, en que medien apenas dos o tres meses entre uno y otro certamen electoral, lo que haría menos costoso y traumático ese proceso a la nación, por el estado de incertidumbre que ello crea en los sectores productivos e inmovilidad temporal de la economía; así como en otras vertientes puntuales para nuestro desarrollo, institucionaldiad y gobernabilidad.

Reforma a la Ley Electoral, que prevea entre otras disposiciones de carácter obligatorio, exigir un número apreciable de inscritos para un partido obtener el reconocimiento oficial de la Junta Central Electoral, incrementar de un 5% a un 10% el porcentaje de votos para mantener la personería jurídica pasadas unas elecciones; condiciones curriculares de dirigentes y candidatos para depurar y adecentar el espectro político nacional, y otras condiciones de rigurosa aplicación legal para excluir del mercado electoral a casillas de poca monta que falsean cifras de inscritos o militantes, que no reúnen los mínimos requisitos exigidos por la JCE, que representan para el propio Tribunal de elecciones más que un fiasco, un fraude por los artificios de que se valen sus dirigentes para el reconocimiento, vacíos de la misma Ley Electoral, y una estafa al pueblo dominicano por los recursos millonarios que estos adefesios con nombre de partidos reciben para promover supuestamente sus campañas, y que terminan en las cuentas personales bancarias de sus candidatos y migajas del silencio a los más allegados de su entorno, los resultados, ridículos y bochornosos, un atraco legal al presupuesto de la nación, por la cuota asignada a los partidos a través de la JCE.

Normar, regular y controlar la propaganda política de los partidos, límites a los espacios de colocación para evitar la contaminación visual; equidad en el uso de los medios de comunicación; prohibición y sanción por el empleo de términos ofensivos contra el contendor en una campaña, por atentar contra la dignidad humana, contra cualquier comunicador o medio que incurra en el delito de difamación e injuria; introducción del debate como medio idóneo de los candidatos exponer a los electores sus ofertas o propuestas de gobierno, qué hacer, definir cuáles son los programas en áreas prioritarias, salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, seguridad pública, social y económica, y que presente una imagen transparente, objetiva, ilustrativa, positiva, de políticos y candidatos ante el país, que por su comportamiento, discursos y propósitos, inspiren credibilidad y confianza en sus seguidores y electores.

Aprobación de una Ley de Partidos que establezca e imponga reglas claras de comportamiento en los partidos, cúpulas, instancias medias y bases, tanto a lo interno como serían entre otras, la organización, desarrollo y resultados de sus actos convencionales o primarias, la debida observancia de principios éticos en la fragua política; líneas programáticas y doctrinarias; a lo externo: trato respetuoso y civilizado hacia las organizaciones opuestas dentro del pluralismo democrático, manifestaciones y actividades proselitistas; todas aquellas normas y medidas orientadas a su crecimiento y fortalecimiento como instrumentos de poder para servir y satisfacer las urgencias sociales de las mayorías, armonía y equilibrio entre los disímiles segmentos sociales y económicos, de los que como entes productivos constituyen en esencia la nación misma global, histórica y generacionalmente, como agentes de cambio, y en que los partidos están compelidos a desempeñar su rol institucional y facilitador.

El autor es Abogado,
periodisa y locutor
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