¡Así no señor senador de la Provincia Duarte Franklin Romero! Usted, la mayoría de sus colegas y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por boca de su candidato presidencial (hoy jefe del Estado) Luis Adolfo Abinader, se pronunciaron reiteradas veces y por diversos medios antes del 5 de julio del presente año, en contra de la permanencia del llamado barrilito.
Porqué ahora se quiere justificar lo que se ha comprobado es anticonstitucional y se sabe que el barrilito y otros refinados mecanismos de estafa a este pueblo utilizados por los legisladores fueron creados, no con la finalidad de las ayudas sociales o el altruismo, sino para crear una plataforma de permanente campaña reeleccionista a través del odioso clientelismo político. Esa es la pura verdad.
No me atrevería a decir que usted (como otros legisladores) emplearía esos recursos para tan asqueante actividad de burla a los más pobres. No. Lo que aspira el pueblo es a la institucionalidad de la nación; y el barrilito, el cofrecito y otros “pocitos” más son cuñas que afectan ese propósito.
No luce resplandeciente para su figura de legislador, expresar (condicionando su posición frente al barrilito) que el Estado se haga garante de los derechos básicos de cada ciudadano. ¡Señor senador, pero eso es una verdad de Perogrullo! No hay más garante (constitucionalmente hablando) de protección a todos los derechos fundamentales del ciudadano que no sea el Estado.
La Constitución dominicana establece bien claro en su artículo 8: “Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona…” Y entre otros el artículo 61 señala:
a) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación…, procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
b) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos…
En consecuencia, los legisladores están para aprobar leyes y otras funciones similares o complementarias; no para dar ayudas sociales. Por ello el artículo 93, numeral 2, acápite f, relativo a las atribuciones del Congreso Nacional indica: “Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance”.
Usted llama a crear un fondo común en sustitución del barrilito. ¡Totalmente de acuerdo! Si su gobierno tiene la voluntad política y la valía, que trabaje de manos con el pueblo para recuperar toda esa millonada que un grupito de malvados le ha robado a la nación. Tendremos entonces en vez de un fondito, un gran fondo; no para dar limosnas a los más necesitados, sino para aplicar con efectividad las políticas públicas que ordena la Constitución.
Con ese fondo recuperado más el presupuesto bien administrado, no será menester que mucha gente esté dando lástima para comprar una receta, una pinta de sangre o cualquier otra escasez de derechos sociales que el Estado está en la obligación de cubrir a cada ciudadano. Trabajen para legislar y supervisar las ejecutorias del Poder Ejecutivo, procurando que siempre se dirijan en beneficio de la nación y pueblo dominicanos, sobre todo a los sectores más vulnerables. Esa es su mejor ayuda.
¡Diablo, pero hagan algo diferente al pasado!
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