Cada 7 de Enero, al iniciar el año, el Poder Judicial de la República Dominicana celebra el “Día del Poder Judicial”, una fecha que se toma para hacer un recuento de las labores judiciales desarrolladas el año anterior, para referirse a las decisiones novedosas que se han tomado en los tribunales y aquellas que han sentado algún precedente jurisprudencial y un poco para arengar a los jueces y servidores judiciales en el cumplimiento efectivo de su deber.
El recién pasado día 7, las actividades de la celebración del tercer poder del Estado se vieron deslucidas por varias razones. La pandemia del Covid-19, que ha afectado todo en la vida nacional, ha trastocado el día a día de los dominicanos, de lo cual ha sido víctima también el Poder Judicial. No se celebró la acostumbrada eucaristía católica, la audiencia solemne en la Corte de Apelación se produjo con escaso y contado público y la ofrenda, frente al busto del Patricio Juan Pablo Duarte, se realizó con muy escasos participantes, de hecho una comisión reducidísima de jueces y un par de personas del Ministerio Público.
Ahora bien, lo importante aquí es, aunque sea a vuelo de pájaro, poder desentrañar qué está pasando a lo interno de la judicatura nacional. La elección de Luis Henry Molina, que se llevó a cabo independientemente de las críticas que concitó a su alrededor, constituye un retroceso en el sistema. El nuevo Presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, venía de ser el jefe de campaña del Senador peledeísta por San Cristóbal Tommy Galán. No es que eso sea un estigma pero crea suspicacia que un dirigente político del partido de gobierno, acceda a presidir el tercer poder del Estado. La equidistancia de los poderes, sugiere el equilibrio democrático de una nación cosa que no se logró con Luis Henry.
Algunos me replicarán: Mariano Germán era miembro del PLD al igual que el Magistrado Molina. Cierto, pero Marianito era un miembro de número del partido, nunca involucrado en tareas dirigenciales administrativas y además, un abogadazo de larga data en el ejercicio del derecho y un desarrollo teórico-dogmático en áreas sensibles del derecho civil, que lo convierten en experto en las ciencias jurídicas. No, Mariano Germán era otra cosa.
A su llegada el Presidente del Poder Judicial ha querido revolucionar el sistema, con una reforma que, al parecer, funciona en su cabeza, pero no le ha sido posible en la realidad, la proyección del dos mil veintiuno impuso un Plan Estratégico 20/24, Visión justicia, concebido en el 2020 y que tenía por finalidad cambiar la cara de la justicia en término de accesibilidad a todo el sistema, la Pandemia del Covid -19 aceleró la puesta en práctica de dicho plan, programado para este año. El acceso a los servicios administrativos y los procesos judiciales a través de la internet han creado una ola de protestas y críticas a los actos del proceso, sobre todo los abogados que son la parte más vulnerables del sistema, sin precedentes.
La virtualidad ha presentado fallas en el manejo del tiempo, el incumplimiento de los principios básicos del juicio—sobre todo en el área penal—la pérdida de la conectividad, la mala calidad del servicio de internet, improvisación técnica, incumplimiento de los plazos establecidos para realizar esas diligencias procesales, etc.
El Colegio de Abogados de la República ha llevado la “voz cantante” en las protestas que ellos han dado por llamar “lucha”, pero el planteamiento por ser extremista y con aire de politización, ha quedado en el vacío, aunque ciertamente el CARD tiene razón cuando afirma que la virtualidad no ha dado el resultado esperado. El criterio que se aborda con relación al tema es que, la virtualidad, simplifica algunos trámites burocráticos, pero pierde esencia cuando los sistemas fallan y su recuperación no ocurre a tiempo, o cuando la no presencialidad crea dejadez y falta de diligencia en los servidores judiciales.
El cierre de las actividades judiciales a partir del 19 de Marzo del 2020 y su reapertura el 9 de Junio del mismo año, es una mancha que recae en el Consejo del Poder Judicial, que mediante acta Núm. 0002 dispuso el cierre de las labores administrativas, pero no supervisó los trabajos de los tribunales penales y de NNA, a excepción de las Oficinas de Servicios de Atención Permanente, abiertas para conocer medidas de coerción, pero no para revisarlas u otros procesos que tienden a garantizar derechos. La virtualidad funcionó para suprimir derechos, pero no para tutelarlos. Esos tres meses de abandono de los imputados por crímenes y delitos, será una mancha imperecedera en este CPJ.
Los retos del Poder Judicial para este año deberán centrarse en revisar las ejecutorias de los órganos administrativos, tales como: Centro de Citaciones, Despacho Penal, realizar acciones que tiendan a disminuir la mora judicial, pero sobre todo, intentar que en lo sucesivo el Juez no se vea compelido a producir una decisión basada en la carga mediática de un caso y eso solo se logra creando confianza en el servidor judicial, sacando de su psiquis aquello de que “a los jueces losß cancelan por soltar, nunca por trancar”. El más importante de los retos para la justicia nuestra es procurar la accesibilidad de todos al sistema, que cada ciudadano se sienta confiado en la labor de los jueces.
No quiero especular pero, ¿será que el Presidente de la Suprema y del CPJ tenía tan poco que decir, el recién pasado 7 de Enero, que su discurso solo duró 23 minutos?
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