San Francisco de Macorís.- La ciudadanía ve con beneplácito que las autoridades de la procuraduría de persecución de la corrupción administrativa PEPCA emitieran orden de arresto para investigar al alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, así como otros funcionarios y empleados del ayuntamiento, para que respondan por la sustracción o desvió de más de 100 millones de pesos, razón por la que se hace encesaria una cosntante vigilancia antes quienes de maenra ilegal pretenden lucrarse del Estado Dominicano.
En esta oportunidad, el caso que nos ocupa investigar es el del Ministerio de la Juventud, pero en el ámbito local, pues en esta dependencia regional de dicho ministerio, los empleados llevan hasta 7 meses sin cobrar, siendo peor la situación tras dejar marcada considerablemente las huellas de la corrupción y falta de fiscalización, ya que varios empleados cobran en otras instituciones, mientras sus compañeros pasan el Niágara en bicicleta, como es el caso de la actual directora Lourdes Polanco, la cual desde que asumió el cargo el 19 de septiembre o sea cinco meses atrás, todavía no recibe su primer sueldo.
Tal es el caso de personas que laboran en el ayuntamiento y son funcionarios de primer orden del ministerio de la juventud, cuando la ley de administración pública lo prohíbe tajantemente.
La corrupción administrativa, doble designaciones en cargos públicos y el manejo inapropiado de fondos se apoderan de las instituciones del Estado, y es que los organismos fiscalizadores han preferido perseguir a los corruptos antes que prevenir que ocurran estos casos en los que el Estado y los contribuyentes son los más afectados, porque el dinero sustraído nunca se devuelve.
Una institución que ha sido cuestionada por su manejo inadecuado y nombramientos fuera de lo común es el ministerio de la juventud, en cuya dependencia regional es notable la falta de fiscalización y los actos de corrupción manejados desde la dirección nacional de dicho ministerio, en el que por ejemplo contrario a lo establecido por el art. 80 del capítulo II numeral 4 de la ley 41-08 de función pública, que establece que no se podrá desempeñar dos funciones públicas, excepto los casos de profesores y honoríficos, contrario a lo que sucede en San Francisco de Macorís, donde el director de eventos del ayuntamiento Confesor Hilario Guzmán, conocido como Omar, según la nómina de enero 2014 cobra por el ministerio de la juventud como supervisor regional la suma de 11,801 pesos, cuando además labora en otra entidad.
Las violaciones a las leyes son una constante, en la que se hace necesaria la rápida intervención del Estado.
Como se pudo observar en la llamada al ministerio la misma información fue solicitada al ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís con el mismo método de cuestionamiento, donde se confirmó que laboran allí Néstor Antonio Taveras, como director de deportes, el cual además es Encargado de Ejecución de Programas del Ministerio Regional de la Juventud, con un sueldo de doce mil doscientos veinticuatro con trece (12,224,13), pesos.
Otro de los casos en el mismo ministerio, pero fue desligado, aunque aparece en el listado la periodista Regina Valerio, dijo que si trabajaba en el ayuntamiento pero según esta salió en el 2010, actualmente está registrada en la nómina de enero 2014 en el ministerio de la juventud como auxiliar, con un sueldo de 6500 pesos, sin que encontráramos hasta el momento datos que la comprometan, como se comento en las redes sociales.
En llamada telefónica al ministerio de la juventud y a través de la nomina de la entidad publica en la pagina electrónica, confirmaron que estos empleados que aparecen en la nómina y que cobran en otras instituciones públicas, en franca violación a la ley de administración pública, en su gran mayoría no cumple horarios, ni visitan dicha dependencia estatal.
La apertura de la casa de la juventud el 25 de julio del 2013, en un lujoso edificio por el que se pagan más de 30 mil pesos, y que cualquier ministerio funcional quisiera tener, trajo a la juventud francomacorisana la esperanza de que se realizarían mayores aportes por la clase juvenil, a pesar de que a la pasada gestión de Julio Mena y la actual de la periodista Lourdes Polanco no le bastan las intenciones de trabajo serio y responsable, lamentablemente la falta de recursos, apoyo y las botellas lo engullen todo.
Estos casos de violación a las leyes que parecen pequeños, son una realidad de nuestro país, los cuales sumados anualmente podrían significar grandes cantidades, porque restan al erario público nacional millones de pesos que podrían significar la elaboración de obras, asignación a instituciones y nombramientos a personas que realmente traten de cumplir sus funciones.
Ojalá que la ley de administración pública y las instituciones estatales tengan mayores niveles de vigilancia a la hora de contratar personal, para que otros también tengan chance de brindar sus aportes al Estado Dominicano, realizando trabajos con seriedad y no por simple amiguismo político o por compañerismo, como sucede en la mayoría de los casos, que hacen del Estado la embotelladora nacional, en la que gran cantidad de parásitos se sustentan de lujos sueldos, a costilla del más humilde o pudiente.. Usted, el constituyente.
