El martes 31 de enero el presidente Abinader promulgó 3 leyes de importancia para el desarrollo del turismo ecológico en varias provincias de la República Dominicana.
La Ley núm. 8-23 declara como ecoturística la provincia Duarte, con el objeto de velar por la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el fomento de las manifestaciones culturales, en beneficio del desarrollo económico y social de sus habitantes.
Para tales fines, la ley establece un Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia Duarte y un director ejecutivo. El primero será el órgano rector de la promoción y regulación de las actividades ecoturísticas de la provincia y el segundo se encargará de ejecutar tales políticas. La ley crea un fondo provincial para el desarrollo ecoturístico y ordena reservar una partida de 60 millones de pesos anuales en el Presupuesto General del Estado los dos años siguientes a su promulgación.
Asimismo, la Ley núm. 9-23 modifica la Ley núm. 77-02, del 19 de julio de 2002, que declara la provincia de Hato Mayor como provincia ecoturística, con el propósito de adecuar la integración y funcionalidad de sus órganos rectores y ejecutores. También ordena reservar una partida de 20 millones de pesos anuales en el Presupuesto General del Estado, para el cumplimiento de lo dispuesto en la referida ley.
Por su parte, la Ley núm. 10-23 declara a la provincia El Seibo como polo turístico, esto en adición a su previa declaratoria como provincia ecoturística en virtud de la Ley núm. 511-05, del 22 de noviembre de 2005. De esta forma se dispone la aplicación de los incentivos contemplados en la Ley núm. 158-01, del 9 de octubre de 2001, sobre el fomento al desarrollo turístico.
En las últimas décadas el ecoturismo ha experimentado un importante auge debido a la adaptación de las sociedades a nuevas formas de turismo, sostenibilidad y desarrollo ambiental. Con la promulgación de estas leyes se reafirma el apoyo del Gobierno al desarrollo de estos modelos de turismo alternativo, los cuales permiten un equilibrio entre eficiencia económica, la equidad social y la conservación medioambiental de estas zonas del país.
