El señor Presidente de la República Luis Abinader, expresó hace varias semanas en un programa de radio, que en su gestión gubernamental, el único escándalo de corrupción que ha afectado el patrimonio del país ha sido el que se llevó a cabo en la Lotería Nacional. Según las auditorías realizadas y publicadas por la propia Contraloría General de la República (CGR) a unas 19 instituciones públicas, se advierten una serie de irregularidades, vicios y violaciones a los controles internos, a la Ley 340-06, de compras, contrataciones y licitaciones públicas; actos de corrupción administrativa, de colusión, distracción y malversación de fondos públicos, entre otras, ascendentes a cientos de millones de pesos y hasta ahora no se ha observado la aplicación de un régimen de consecuencias a los implicados. Es bueno señalar que la Contraloría tiene una unidad de auditoría interna en las principales instituciones públicas.
Ha sido la CGR, la que usted tanto ha utilizado para promover la supuesta transparencia y persecución a la corrupción, la que ha denunciado la distracción y el mal uso de los recursos públicos, los cuales forman parte del patrimonio del país, por lo tanto, señor Presidente, este no ha sido el único caso de corrupción de su gestión gubernamental que ha erosionado dicho patrimonio, hay muchos otros casos que también lo han hecho, pero han sido minimizados, como lo expresó el vocero de la presidencia de la República, señor Homero Figueroa y todos los que como él han opinado, de que “las irregularidades y violaciones encontradas en dichas auditorías son simplemente administrativas, procedimentales y subsanables, que la mayoría de ellas ya han sido corregidas y otras están en proceso de hacerlo”, tratando con ello, querer tapar el sol con un dedo.
En dichas auditorías no se incluyen el escándalo de los semáforos del Intrant por más 1,300 millones de pesos, los escándalos en el Ministerio de Educación, los ilegales y abusivos aumentos de sueldos de los Directores de las EDES (Norte, Sur y Este); las constantes e ilegales adendas a los contratos del Ministerio de Obras Publicas sin ningún tipo de pudor; las violaciones a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas; los cientos de miles de visas ilegales otorgadas a nacionales haitianos, cuyos recursos se quedan en los bolsillos de los “cónsules”; las mafias que operan en la frontera, que trafican con miles de mujeres haitianas embarazadas para que vengan a parir a nuestras maternidades y hospitales, consumiendo gran parte del presupuesto de salud, entre otros tantos.
El hecho de que los incumbentes de estas instituciones no hayan sido sometidos ni investigados por el ministerio público, no significa que todas estas irregularidades, violaciones, distracciones y manejo incorrecto de los recursos públicos, no lo hayan hecho. Todos estos casos de corrupción también afectan dicho patrimonio.
De define el Patrimonio del Estado como el conjunto de bienes, recursos, inversiones, que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal, ha acumulado el Estado y posee un título de dueño o propietario, para destinarlos o afectarlos en forma permanente, a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos, a su cuidado, a la realización de sus objetivos o finalidad de política social y económica.