En nuestro país se celebraron las elecciones municipales en febrero pasado y el 19 de mayo las congresuales y presidenciales. En ambos procesos hubo una gran abstención electoral, la cual, según la propia Junta Central Electoral (JCE) alcanzó casi a un 50%, lo que constituye un record en materia electoral, es decir, que más de cuatro millones de dominicanos no acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto.
Las causas que motivaron a dicha abstención se deben, entre otras, a que los electores ya dejaron de creer en el liderazgo de la mayoría de los partidos y organizaciones que conforman todo el sistema político dominicano, pues se sienten decepcionados, burlados y estafados por tantas promesas incumplidas, por lo que estos ya no inspiran confianza ni credibilidad; por utilizar la suma de diez mil millones de pesos en una excesiva campaña publicitaria en apoyo al Presidente de la República y a sus candidatos; por la actitud impune y permisivia ante los actos de corrupción cometidos en los diferentes gobiernos.
Además, los electores observan cómo el partido de gobierno y sus aliados escogen como candidatos a personas acusadas de cometer actos de corrupción y de estar relacionadas con el narcotráfico; de utilizar los recursos del Estado para aplastar a la oposición, para comprar voluntades de otros partidos; en subsidios de campaña y en la compra de votos.
Todos esos recursos les serán extraídos de las costillas a los sectores más empobrecidos a través de una reforma fiscal infernal, con más impuestos, es decir, que esos platos rotos los tendremos que pagar con lágrimas, sudor y sangre.
En dichas elecciones participaron unos 35 partidos, organizaciones y movimientos políticos, de los cuales 26 no obtuvieron el 1% de los votos, pero la JCE les entregó más de 5,500 millones de pesos del presupuesto nacional, de los impuestos que directa e indirectamente pagamos todos los dominicanos, algo insólito para un país de apenas 10 millones de habitantes y de una extensión territorial de 48,000 kilómetros cuadrados, suma que hubiese sido mucho mayor en caso de haber ocurrido una segunda vuelta,
Es inconcebible que un país con tanta pobreza, con tantos problemas económicos, con una deuda pública consolidada que absorbe casi el 60 % del PIB, con una gran deuda social acumulada y con un déficit fiscal tan alto, dedique tantos recursos a financiar a tantas agrupaciones políticas, que en la mayoría de los casos no le rinden ninguna labor ni servicio al país. La mayoría son los denominados partidos “sanguijuelas o parásitos”, que se nutren de los partidos mayoritarios, pues cada cuatro años se mueven de un lado para otro y se ofrecen a la venta o renta al mejor postor, como si fueran verdaderas franquicias comerciales.
El partido que gane la presidencia de la república tiene que entregarles algunos ministerios, direcciones de instituciones y embajadas para que se las repartan entre su membresía y familiares, como si fuera una empresa de su propiedad; estos solo procuran obtener beneficios, prebendas personales, canonjías y servirse del Estado.
De ahí que en una próxima reforma fiscal debe también considerarse una reforma a la Ley de Partidos y al Régimen Electoral, eliminando este tipo cáncer, pues estos sólo salen a la palestra pública en tiempos de elecciones, para participar de la distribución de los recursos que realiza la JCE, lo que convierte a nuestra insipiente democracia en una de las más costosas del hemisferio.
