La Red Socioambiental Nacional alertó a los poderes públicos, particularmente al presidente Luis Abinader y al nuevo Congreso, ante el peligro inminente que representa la modificación de nuestra Constitución, si ésta no responde a las necesidades y demandas reales del pueblo, ya que podría atentarse contra los derechos sociales y ambientales consagrados en la carta magna.
Entiende que, aunque el presidente ha puntualizado los artículos que serían modificados, la sola apertura de la modificación abre las puertas para que otros elementos sean aprovechados por sectores interesados en cambiar aquellos referidos a derechos fundamentales y a conquistas alcanzadas por los dominicanos a través de la historia, que han sido la base preponderante en la construcción de la democracia.
La entidad, integrada por organizaciones sociales y ambientales, advierte a los legisladores que el patrimonio ambiental, compuesto por recursos como el agua, corre el riesgo de ser enajenado no sólo con propósitos privatizadores, sino también con las concesiones mineras, donde cuatro mil corrientes superficiales de agua están rodeadas por esas concesiones.
La Red recordó que, en este país, los sectores preocupados por el futuro de los activos ambientales como legado a las futuras generaciones, tienen más de 30 años reclamando una ley de agua que garantice el contenido en el artículo 15 de la Constitución, que sirva de escudo contra la privatización del agua y haga sostenible este invaluable recurso, protegiéndolo como bien público, como recurso estratégico y como derecho humano.
Igualmente, sostuvo que los derechos sociales y fundamentales garantizados en la Constitución deben ser “blindados”, para usar una expresión de moda, como única garantía de preservar la democracia.
Significa que salud, educación, vivienda y trabajo digno, no son concesiones del poder, sino derechos irrevocables del pueblo.
Advierte que por todo lo anterior, rechazará todas las políticas que atenten contra los intereses populares a nivel nacional, que se pretendan incluir aprovechando una reforma constitucional, el Código Penal y la reforma fiscal, entre otras.
Expresa que los legisladores, que fueron favorecidos con el voto popular, deben obedecer a los intereses de las comunidades en las que fueron elegidos y recordar que el congreso es un poder independiente, como está consagrado en la misma Constitución, al definir la división de los poderes del Estado.
Propone la creación de una nueva ley minera, orientada a la sostenibilidad, desarrollo humano integral, independencia y soberanía (nacional, hídrica, alimentaria, de nuestros recursos y riquezas) o que se realice una profunda reformulación y actualización de la vigente ley que data del año 1971 ya que en su forma actual es un instrumento de saqueo y destrucción.
Instó al Congreso a decidir si prefiere servir a los intereses del oro y las corporaciones, o si elige defender la vida, las cuencas, las cordilleras y los ríos que son el alma de nuestra patria.
“El Congreso que se constituirá el 16 del cursante mes de agosto, para legislar objetivamente en beneficio del país, ha de escuchar a los sectores que sostienen la defensa de los derechos sociales y los bienes públicos establecidos en los ecosistemas ambientales, como las cuencas hidrográficas, los ríos, las cordilleras, y procurar el conocimiento de la situación actual del uso del territorio y de los recursos naturales en los lugares donde se han concesionado las minas de oro, determinando los daños y poner en una balanza los beneficios inmediatos y los perjuicios futuros que comprometen seriamente la sostenibilidad de la isla”, puntualizó.
