Después de cada proceso eleccionario que monta la Junta Central Electoral, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, tiene que abocarse a reclamar a los 222 congresistas, que se ajusten a lo que establece la Ley número 311-14 y sus diversos reglamentos.
Esta Ley, que fue una realidad a partir del 11 de agosto del año 2014, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.
Se recuerda que el pasado miércoles 18 de septiembre, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hizo saber que apenas el 58% de los legisladores se habían a dar cumplimiento a la citada Ley.
A propósito el senador de la provincia Santiago Rodríguez, señor Antonio Marte acaba de plantear que en lo adelante no deberían hacerse públicas las fortunas de los legisladores y funcionarios, alegando que con la inseguridad que vive el país esto representa un peligro para sus vidas.
En verdad que el senador Antonio Marte con su risible postura, no solo irrespeta el mandato de la Ley número 311-14, sino a todos los dominicanos y dominicanas que cada año honran la mencionada Ley y pagan sus impuestos.
Es injusto que acorde al planteamiento del senador de la provincia Santiago Rodríguez, en cualquier momento se nos secuestre la oportunidad de conocer de manera oficial las fortunas que poseen los legisladores y funcionarios, antes y después de asumir sus respectivos cargos.