Por el momento es inexcusable la brutal y criminal actuación de la Policía Nacional y el Ejército de la República, en perjuicio de campesinos y representantes de la Iglesia Católica en el Distrito Municipal de Zambrana, de la población de Cotuí.
Es que allí se presentaron varias de sus unidades a tiros y bombas presuntamente en busca de un desalojo de campesinos, solicitado por la empresa minera Barrick Gold, cayendo heridos varios campesinos y el cura Johnny Durán, entre otros religiosos que fueron en busca de mediar entre las partes.
Esta actuación criminal, que reedita hechos de la Tiranía Trujillista y el Balaguerato, ha motivado que un abanico de entidades organizadas hayan deplorado la existencia en estos tiempos de los llamados “Gatillos Alegres” en las instituciones garantes de la seguridad y la paz pública.
Citamos el caso de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que mediante un amplio documento manifestó su rotundo desacuerdo por las agresiones sufridas por miembros de la Iglesia Católica y en una palabra, ratifica defender la vida y la dignidad humana ante cualquier acción que violente los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
Como allá en las comunidades campesinas de Cotuí se violentaron los Derechos Humanos, hemos de esperar que desde las alturas del Gobierno de Luis Abinader se dispongan sanciones, sin importar rangos.