Desde que asumió el poder el pasado de enero ha firmado en promedio unas cien órdenes ejecutivas que abarcan desde lo más simple como el cambio de nombre del Golfo de México por el Golfo de América hasta la más controversial como la que establece limitar el derecho de la ciudadanía para los hijos de inmigrantes de padres indocumentados.
Esta última orden ejecutiva que fue bloqueada, es decir dejada sin efecto por varios jueces federales, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, la cual tendrá la responsabilidad de determinar su validez.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está establecido en la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., adoptada en 1868, tras el final de la Guerra Civil, como una forma de resolver la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en EE.UU.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que este derecho se aplica a los hijos de inmigrantes. “Es una orden descaradamente inconstitucional”, dijo el juez John Coughenour a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump.
El gobierno que continua emitiendo órdenes ejecutivas (decretos) sin parar entre las principales ordenes ejecutivas que han sido detenidas de entrar en vigencia por los jueces federales se encuentran la que establece incentivos para la renuncia de funcionarios públicos, la eliminación de la Agencia Internacional para el Desarrollo conocida en inglés como la USAID, la que congela ayudas públicas, la del traslado de mujeres transgénero presas a cárceles de hombres y la que establece el acceso de Elon Musk a la delicada información de Tesorería.
Con la constante y persistente decisión de emitir órdenes ejecutivas, el poder ejecutivo ha evitado a toda costa someter sus decisiones a la discusión del congreso norteamericano y de poner a prueba los límites del sistema judicial.
Las órdenes ejecutivas (en inglés, executive orders), también llamadas órdenes presidenciales, decretos presidenciales, ordenamientos presidenciales u ordenanzas ejecutivas emitidas por el presidente de los Estados Unidos tienen como finalidad administrar las operaciones de la rama ejecutiva del gobierno federal con el objetivo de hacer cumplir las leyes.
También influyen en los asuntos internos de gobierno, decidiendo cómo y en qué medida la legislación será aplicada en situaciones de emergencia en lo económico y militar. Aunque implica que el presidente de los Estados Unidos y las agencias del gobierno no cuentan con potestad reglamentaria para crear normas de carácter general para la población mediante la emisión de órdenes ejecutivas, las cuales están sujetas a la revisión judicial.
Además, pueden ser dejadas sin efecto si los tribunales consideran que su contenido no está conforme a la ley o la Constitución tal como lo han establecido diversos jueces federales en múltiples Estados con las órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario norteamericano, algunas de las cuales son violatorias a las leyes.
De continuar con la acelerada decisión de la constante de emisión de órdenes ejecutivas, el presidente Donald Trump continuará siendo enfrentado por ante los tribunales de justicia, debido a que el poder público debe regirse bajo el imperio de la ley. Aunque aparente gobernar sin límites, el presidente en los Estados Unidos tiene un limite y es la justicia.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano, que reside en el Estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
