La Constitución Norteamericana es clara y precisa en relación a las funciones que deben realizar cada uno de los poderes que conforman el Estado como son el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. En la práctica históricamente ningunos de los poderes ser ejerce en extralimitación de las normas que establecen sus funciones.
Es el caso del congreso que tiene función primordial la creación de leyes, aprobación del presupuesto de la nación e incluso tomar acciones en relación al régimen de impuestos. Aunque cabe destacar que son las legislaciones estatales (congresos con senadores y diputados) los que se involucran de manera directa en lo que es el régimen de impositivo en cada uno de los Estados, debido a que la nación norteamericana esta regida por el federalismo en la que cada Estado es independiente.
El Poder Ejecutivo entre sus funciones figuran, la de ejecutar y hacer cumplir las leyes federales, dirigir la política exterior, comandar las fuerzas armadas y nombrar los altos funcionarios públicos algunos de los cuales deben ser ratificados por el Senado.
La realidad es que el Poder Ejecutivo liderado por el actual presidente Donald Trump desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero del presente año se ha estado excediendo en sus funciones mediante acciones como: la emisión de órdenes ejecutivas (decretos) en violación de las leyes, apresamiento y deportación de inmigrantes legales e ilegales sin permitirles ser escuchados por los jueces y de no acatar las órdenes judiciales.
Sin embargo, ante esas ilegales acciones, el Poder Ejecutivo ha tenido que enfrentarse en una batalla campar a las decisiones emanadas por el Poder Judicial, el cual ha solicitado al gobierno apegarse al respecto de las leyes.
La situación ha escalado a tal nivel que el gobierno de Trump se prevé que será acusado de desacato a las leyes debido a su continuo desafío e incumplimiento de las órdenes judiciales federales en lo relacionado al caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, el inmigrante legal salvadoreño padre de tres hijos y casado con una ciudadana norteamericana que fue deportado por error a sus país de origen y que el gobierno de Trump se niega en retornar a los Estados Unidos a pesar de un fallo que en su favor que emitió la Suprema Corte de Justicia para que sea regresado al país (Estados Unidos). Eso es un evidente caso de desacato penal.
El desacato llevado por el Juez Federal James Boasberg en caso de ser declarados culpables todos funcionarios involucrados en ese caso incluidos los abogados podrían perder sus licencias, ser condenados a prisión y al pago de elevadas multas económicas.
El balance de los poderes públicos en Estados Unidos, es decir el contrapeso se fortalece en la medida en que cada uno de los poderes se extralimiten en el alcance de sus poderes, porque de lo contrario otros de los poderes intervendrán como una forma de mantener el orden y equilibrio de esos poderes. En esta ocasión, el Poder Judicial ha intervenido como una forma de reestablecer el orden a lo interno del Poder Ejecutivo que continúa actuando en violación a las leyes.
