Seguir desfigurando la identidad del periodista y desprofesionalizando el periodismo, como propone la denominada Ley Orgánica de Expresión y Medios Audiovisuales implica, en la era de la post-verdad (distorsión y manipulación intencional de acaecimientos, dogmas y emociones), acelera la mediamorfosis en el circuito del retroceso: improvisación por la inmediatez, falsedades, desinformación a gran escala, denigración y menoscabo de los valores ciudadanos.
El nuevo y ambiguo texto elaborado por la Sociedad Dominicana de Diarios, y presentado ya a las Cámaras Legislativas para supuestamente regular la comunicación, confunde la gimnasia con la magnesia: torcida e indiscriminadamente mezcla el ejercicio de un campo profesional sectorial y un derecho fundamental colectivo.
Aparte de que no separa el grano de la paja, le otorga carta blanca a los intrusos que suplantan a periodistas titulados universitarios y colegiados, y trae a la palestra pública un debate clásico sobre la profesionalización y el profesionalismo, que se suponía sepultado, en una coyuntura tecno-histórica en que los periódicos precisan alianzas para conseguir más diversidad y calidad, en contraposición a la batida de las redes sociales y los audiovisuales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y su apéndice nacional, la Sociedad Dominicana de Diarios, se sacude tardíamente solo para plantear regresión. Hace décadas pregonó que no había que estudiar periodismo, y tuvo que auspiciar centros de formación y actualización, luego que la mejor ley de prensa era la que no existía y posteriormente proclamó la fracasada autorregulación. Ahora que las redes sociales están haciendo agua de borrajas en su modelo de negocio sugiere, todavía obsesionada en la nuca de la nostalgia de la digitalización y la internet, prepara un adefesio que jamás le hará recuperar audiencias ni publicidad.
Aunque los diarios han perdido lectoría y rentabilidad, continúan vibrando con pujanza en los estamentos estatales, empresariales y políticos, por su mesura y una mayor autenticidad noticiosa, que le abonan credibilidad. Acogida por ósmosis al academicismo y aprovechando los talentos de los egresados universitarios, que han sido una fuente nutricia en la calidad y la sobrevivencia de los medios, en los términos de la propuesta legislativa se gira al revés, porque da riendas sueltas al sicariato y a la basura mediática.
Veamos apenas cuatro anacronismos, muy manoseados y ajados, que retumban en el proyecto de Ley de Expresión:
1.- Principios generales: “Privilegiar a los comunicadores sociales”. ¿Quiénes son? ¿Los intrusos (políticos, abogados, economistas, sociólogos, ingenieros y médicos sin destrezas ni acreditación comunicativa), que incursionan en los conductos de difusión para buscar nombradías, clientelas, prebendas y cargos públicos?
2.- Artículo 10: “La publicidad que se haga en medios impresos y digitales en forma de noticia”. ¿Cómo diferenciarlos si el proyecto no cuenta con un glosario de terminologías que definan conceptos y disciplinas?
3.- Artículo 12: Requisitos para ser director de un medio: mayor de edad, tener derechos civiles y políticos, y ser dominicano, pero está ausente la imprescindible formación en comunicación social. Un forastero como líder de un equipo en esta complicada área representa un contrasentido, porque no entiende las normas y reglas de la profesión, ni siente un compromiso con su Código de Ética. En esencia, carece de formación profesional, experiencia y competencia para desempeñar esa función de un servicio a la sociedad. Será una veleta, en vista de que está ausente la destreza para convencer y contradecir a sus subalternos titulados universitarios.
4.- Artículo 39: Un abogado o empresario puede ser presidente del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom). En el Consejo Asesor no figura ningún representante de las escuelas de comunicación social, aunque sí de 13 instituciones, algunas no especializadas en la materia.
La socialización ha brillado por su ausencia. Por lo menos, los presidentes de una organización gremial y otra académica aprobaron el citado proyecto de Ley de Expresión y Medios Audiovisuales sin discutirlo con sus representantes provinciales, y mucho menos con su membresía. Dimana como insólito que la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M, que cuenta con más de 30 profesores de amplia experiencia y más de dos mil egresados, ni de lejos fuera consultada por los integrantes de la comisión redactora, cuyo coordinador formó parte de su cuerpo de catedráticos.
La regulación se decanta tan intrincada que amerita una discusión multisectorial y tan amplia como ocurrió con la modificación de la Constitución de la República de 2010. Insistimos que no basta con la ley en cuestión, sino que abarque el ecosistema mediático completo y, por esa razón, se impone el Código Jurídico de la Comunicación, que incluya 12 leyes, entre ellas la de la colegiación periodística. En tal sentido, el Congreso Nacional debe devolver el texto a la comisión proponente, con la solicitud de que sean formadas 12 subcomisiones de trabajo, para que todo el que tenga que decir, que lo diga.
