La Constitución Norteamericana desde el nacimiento de los Estados Unidos como nación el cuatro de julio de 1776 protege una serie de derechos fundamentales como impedimento de que el gobierno establezca una religión oficial, prohíba el libre ejercicio de la religión, restrinja la libertad de expresión o de prensa, el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno que resuelva sus problemas.
Claro está que bajo esas normas se rigen las instituciones educativas en particular, las universidades, las cuales a su vez están regidas por sus reglamentos internos. En la práctica, las universidades están fundamentadas bajo las leyes y normalizadas en enseñar con pluralidad y apegadas a las normas de las libertades y lo que establece la democracia.
Los planes de estudios y carreras de las universidades no están bajo la vigilancia del Estado y sus planes de enseñanza tampoco están sujetos a la aprobación o no del gobierno. Aunque el gobierno federal otorga dinero a las universidades, esos recursos económicos que son asignados en la ley del presupuesto nacional del gobierno no se consideran como una obligación de lo que deben enseñar o no.
Sin embargo, en semanas recientes, el gobierno que dirige Donald Trump se ha manifestado no solo en suspender los fondos económicos que se les asignan a las universidades, sino en cancelarle las licencias (permisos) que les permiten en a las universidades mantenerse en pleno funcionamiento debido a que contribuyen al antisemitismo, entendido como el prejuicio u odio contra los judíos. Bajo condiciones especiales, el Departamento de Educación puede revocar la certificación a las universidades, pero será la justicia la que tomará esa decisión.
La universidad Columbia (Nueva York) fue la primera a la que el gobierno le suspendió los fondos de más de 400 millones dólares, por permitir movilizaciones contra la invasión de Israel contra Palestina a la que le siguió la universidad de Harvard (Massachusetts), por las mismas razones a la que también le fueron retenidos 2 mil 600 millones, pero ambas instituciones han contrademandado al gobierno ante tal situación.
Es más, a Harvard, el gobierno la ha intimidado con revocarle la certificación para que no opere, pero bajo la ley el gobierno no tiene la autoridad para hacerlo, ni con ella, ni con las demás universidades norteamericanas. Recientemente un juez federal de Massachusetts bloqueó el intento del gobierno de revocar la certificación que le permite a la universidad aceptar estudiantes extranjeros. La última decisión será tomada por los tribunales de justicia, debido a que el gobierno no puede dictar a las universidades lo que pueden o no enseñar en sus instalaciones.
El gobierno que por lo general más que socavar las libertades las defiende, en el caso de las universidades, se está extralimitando en sus poderes cuyas decisiones muchas de las cuales como las órdenes ejecutivas anticonstitucionales como el derecho a la ciudadanía y deportación de inmigrantes como prisioneros a otras naciones han sido bloqueadas en sus efectos por los tribunales de justicia federales.
En la realidad de los hechos, la administración de gobierno Trump ha demostrado en los pocos meses que tiene como inquilino de la Casa Blanca en intentar cohibir las libertades públicas, en una nación como los Estados Unidos que no ha hecho otra cosa históricamente que ampliar, proteger y defender el derecho de vivir en democracia.
El gobierno ha iniciado con querer imponer a la fuerza medidas que legalmente no pueden aplicarse un peligroso camino que en lo político a la larga tendrá un elevado costo. Es cuestión de tiempo.
