Juristas advierten que el nuevo Código Penal podría enfrentar acciones en el Tribunal Constitucional

Santo Domingo,. – El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, y el jurista Cándido Simó advirtieron que el recién aprobado Código Penal contiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales y que, de mantenerse, podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Ambos coincidieron en que el artículo 310 que sanciona el “ultraje público” contra funcionarios con penas de 15 días a un año de prisión y multas de hasta mil salarios mínimos representa una desproporción jurídica que otorga un blindaje desigual a los servidores públicos.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el panel jurídico realizado por el periodista Elvis Lima en su programa Fuera de Récord, transmitido por el canal Catorce TV, donde los juristas analizaron los riesgos y vacíos legales del nuevo texto penal.

Cándido Simó consideró absurdo que una simple mueca hacia un funcionario podría interpretarse como ultraje, y que, en casos como el del gobernador del Banco Central, cuya remuneración mensual ronda el millón trescientos mil pesos, la multa sería “astronómica”. “Es un absurdo jurídico, y las leyes absurdas son inconstitucionales por irrazonabilidad”, puntualizó.

Simó también cuestionó intentos de modificar el Himno Nacional por parte de un grupo de la comunidad LGBTIQ+, afirmando que “no deben discriminarse, pero tampoco aceptarse excesos, y eso es un exceso deliberado”.

De su lado, Potentini insistió en que el artículo debe ser revisado por el Congreso o anulado por el Tribunal Constitucional, ya que “gestos que pueden ser inofensivos, como una seña con el dedo o una expresión facial, no pueden ser penalizados de forma tan desproporcionada y dependiendo del salario del funcionario afectado”. Añadió que el gremio que preside iniciará una consulta en todo el país para orientar a los profesionales del derecho sobre el alcance del nuevo Código Penal, con el fin de que los abogados puedan identificar y prevenir posibles violaciones a los derechos fundamentales.