San Francisco de Macorís.- La gobernadora provincia de Duarte Miledys Núñez dijo que gestiona la entrega de la plaza comercial Juan Pablo Duarte, pero el proceso está trancado debido a que el ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, sometió una instancia ante el Tribunal Constitucional solicitando la nulidad del decreto presidencial 174-14 que crea un patronato de administración de la plaza.
Mientras tanto la Asociación de Comerciantes del Mercado Viejo (Asocomerv) se mantiene a la espera de que le entreguen los locales que le corresponde desde el año 2013, cuando la plaza fue inaugurada por el presidente de la república licenciado Danilo Medina Sánchez.
El presidente de Asocomerv, Jorge Peralta, en respuesta a una pregunta de un reportero de EL JAYA dijo que la directiva y sus miembros continuarán gestionando la entrega del inmueble que inauguró el Presidente Danilo Medina en diciembre del 2013.
La historia de este caso comienza cuando a principio de enero de 2012 se produjo un incendio que destruyó 23 negocios situados en el área donde estuvo el mercado viejo, es decir en la manzana que limita las calles San Francisco, Papi Olivier, Billini y Olegario Tenares. El Presidente Danilo Medina instruyó al Ing. Antonio Vargas Hernández, director de la Dirección General de Cooperación Multilateral (Digecom) construir una plaza para alojar a los comerciantes afectados. La obra se levantó en tiempo récord a un costo de 150 millones de pesos e inaugurada por el Presidente el 18 de diciembre de 2013.
La nueva plaza tiene 54 locales comerciales en los dos primeros niveles y cuenta con amplios espacios en el tercer piso destinado a oficinas gubernamentales. Más tarde el Mandatario emitió un decreto que nombra un patronato para administrar la plaza que lleva por nombre Juan Pablo Duarte. El patronato lo preside el obispo de la diócesis Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo.
Pero el alcalde Félix Rodríguez Grullón con el apoyo de los regidores, se oponen a esa decisión y reclaman que la plaza la administre el ayuntamiento por estar edificada en terrenos propiedad del municipio.
En medio del conflicto la alcaldía y los regidores elevaron una instancia ante el Tribunal Constitucional solicitando la nulidad del decreto presidencial.
Así que esperando el fallo del tribunal la plaza sigue cerrada, como elefante blanco, sin ningún uso pese a la enorme suma de dinero que invirtió el Estado.
Los comerciantes afectados afirman que están atravesando situaciones difíciles y necesitan la solución del conflicto para reiniciar sus labores que le permitan afrontar los múltiples compromisos económicos que han contraído.
