La República Dominicana en términos de protección de los derechos en las personas afectadas a causa de un delito, en cuanto al ámbito de justicia se refiere, deja muy poco margen de elogios positivos ya que el grado de impunidad y corrupción que existe en el aspecto judicial es muy avasallante.
El tráfico de influencia que emana de las decisiones tomadas por los jueces en torno a las víctimas de delito provoca un eminente rechazo por parte de la ciudadanía para con el Sistema Judicial de la República Dominicana. Lo judicial debido a los tantos casos de impunidad e influencias en casos notoriamente provocadores de infracción de los derechos de las personas ha corroborado con el sentir del pueblo, que en un clamor colectivo expresan la falta de credibilidad que tiene nuestro Sistema Judicial.
El pueblo está consciente de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los fiscales y todo el cuerpo del Sistema Judicial de la República Dominicana, recibe influencia del sector político de turno, nombrando, única y exclusivamente a los que pertenecen al partido de turno. Esta situación, permite que el favoritismo político influya en las decisiones judiciales, desgastando de esa manera la objetividad con que debería tratarse un tema de violación de cualquier derecho fundamental.
Claramente, el hecho de que un funcionario del Sistema Judicial sea nombrado por sugerencia de un político, compromete a este funcionario con el político, favoreciendo con esto al represente del gobierno que más tarde le presentará casos a manipular. Así el juez manipula las pruebas de un determinado caso y la balanza se inclina a favor del político o de un compañero de este. Esa situación crea un ambiente de desigualdad, y quienes no tienen ningún padrino pues quedan desamparados, sin ninguna mano amiga que los pueda ayudar.
Eso es un grave problema, porque ciertamente cuando estos jueces son nombrados por políticos, estos les deben favores, y su nombramiento resulta ser un soborno, que es compensado por parte del juez, otorgándole al funcionario público que ayudó a que lo nombrara cierto nivel de impunidad, ya sea para el propio funcionario o para un amigo de este, y en otros casos para familiares, amigos, allegados y otros, dejando poco margen de equitatividad al momento de una persona adinerada enfrentarse con una persona de escasos recursos económicos y relacionales. En circunstancias como esas, casi siempre la balanza se inclina a favor del rico. Esa condición en la que es nombrado ese juez, lo motiva a entender que con sus favores, __que acrecientan la corrupción__ puede escalar, de esa manera van creando sus amarres, y en ese proceso quebrantan los derechos de los menos pudientes. Desatando con ello una ola de corrupción e impunidad en el país.
En ese sentido, la International Council on Human Rights Policy – ICHRP (2009) afirma que la corrupción judicial que adopta la forma de interferencia política en la designación de los jueces o la asignación de casos, también causa un impacto negativo desproporcionado sobre los pobres, porque estos se hallan en desventaja respecto a las personas que tienen dinero o que están bien relacionadas. La corrupción judicial no sólo daña económicamente a aquellos que buscan justicia, también socava la confianza en la propia justicia.
Vivimos en tiempos de hombres robotizados y alejados del sentir colectivo que viven y disfrutan la cultura del individualismo. En estas sociedades, el pobre, el desprotegido y apolítico resulta ser la victima de la sociedad y su Sistema Judicial. El hombre cegado con el ideal de acumulación de riqueza, cualquieriza y ningunea a lo menos pudientes, manteniendo la situación de precariedad globalizada con la intención de que el sistema exclusivista y discriminador pueda construir y fortalecer, cada día más, el paradigma de impunidad y de corrupción de manera silenciada y con ello, conseguir sentirse pequeños dioses intocables, que se han creado un blindaje que les permite hacer y deshacer a su antojo.
Thompson, (1995) entiende que tenemos dos retos que atentan contra la imagen democrática dominicana. El primero, “la corrupción, que golpea fuertemente a la región y sobre todo a su clase política, facilitando el descrédito del sistema, viene acompañada por una sensación de impunidad, ante la realización de investigaciones y procesos judiciales que rara vez rematan en una asignación de responsabilidad para los implicados cuando estos proceden de las altas esferas políticas y económicas.”
¿Qué ocurre cuando a un juez, que trabaja para el Estado le llevan un caso de un funcionario del gobierno que es acusado de corrupción, y que existen pruebas suficientes para encarcelarlo, pero dicho funcionario es protegido por la mayoría de los representantes del espacio político y para evitar que el juez falle en su contra, lo ponen entre la espada y la pared; diciéndole: tienes dos opciones, si falla a su favor, enviaremos a tus hijos a estudiar en unas de las mejores universidades del mundo, te ascenderemos de cargo, pagaremos tu vehículo, te compraremos una nueva casa, y te depositaremos unos millones en tu cuenta, pero si fallas en su contra, te quitaremos el trabajo, nos encargaremos de que no vuelvas a conseguir en el país nunca más un trabajo?
La señora Marcela opina al respecto: que “La división de los poderes del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para evitar concentraciones de poder, “…la independencia del Poder Judicial frente a las presiones tanto del Legislativo como, sobre todo, del Ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho.”
Esto es muy cierto, cuando el Poder Judicial es presionado por el Poder Ejecutivo y Legislativo no puede legislar apegado a la justicia, y mucho menos velar por la defensa de los derechos humanos del ciudadano, y esto lamentablemente es lo que ha venido ocurriendo en la RD, y apunta a que nueva vez, y con más ahínco, continuará ocurriendo porque nueva vez, los representantes del Poder Judicial serán elegidos por el partido de turno, que obtuvo la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, por lo que con esto, le damos luz verde a nuestros funcionarios para que hagan y deshagan. No existirá un equilibrio. Nuestras demandas no serán escuchadas como deben serlo.
En palabras del FIDH, la impunidad debe ser entendida como aquello que constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.En República Dominicana, la atención a las víctimas de la violencia y el delito, no del todo se cumple; y las veces que se cumple, depende del nivel económico con que se cuente, incluso refranes de la calle dicen que en mi país si tienes dinero no importa que asesine a cualquier persona porque al final terminarás pagando una fianza y saliendo de la cárcel. Lo mismo sucede con los extranjeros, solo si son provenientes de un país que le pueda afectar las relaciones bilaterales entre ambos países, le cae todo el peso de la ley a quien asesine o le robe al extranjero.
Nunca se me olvidará lo ocurrido en mi municipio Tenares, en donde unos hombres de nacionalidad haitiana trabajaban en una finca con un hacendado y porque estos le cobraron el dinero que se habían ganado en la semana los asesinó vilmente, y a los tres meses vi salir al asesino de la cárcel bajo libertad condicional y una multa de 5 millones de pesos. Pareciera como que el color, la procedencia de un país muy pobre los etiqueta y esa etiqueta faculta a los demás para maltratarlos y que nadie diga nada porque son haitianos que no le duelen a nadie.
Menciono este caso porque es el que más me ha impactado, pero han ocurrido situaciones donde niñas procedentes de familias humildes son violadas y la justicia no hace nada más que cobrar una cantidad de dinero para liberar al violador y solo si la sociedad se empodera y se tira a la calle dicho violador es tratado como un delincuente. Además, existen situaciones de altos funcionarios que desfalcan al Estado y luego de ofrecerle grandes sumas de dinero al juez y al fiscal termina siendo liberados. Con esa actitud se fomenta el adagio popular que reza, “si vas a robar procura que sean muchos millones de lo contrario, te pudrirás en la cárcel.”
La International Council on Human Rights Policy – ICHRP (2009) sostiene que en el contexto del sistema judicial, la corrupción puede definirse como “actos u omisiones que llevan al uso de la función pública para el beneficio propio o de terceros y que resultan en decisiones judiciales injustas e inapropiadas. Dichos actos u omisiones pueden incluir soborno, extorsión, intimidación, tráfico de influencias o uso inadecuado de los mecanismos judiciales para beneficio propio”. El “beneficio personal” incluye tanto los beneficios financieros o materiales como los beneficios que no lo son, por ejemplo, el progreso de la ambición profesional.
Es indignante y nos torna impotente ver que porque un infeliz hurte unos cuantos plátanos sean encarcelado y quien roba millones, es visto por la sociedad y el sistema como un icono de superación y hasta como una leyenda. Con esto se invierten los valores y los principios, y nuestros jóvenes van formándose bajo una cultura degradada y sin rastros de humanidad y convivencia.
No niego que hasta hace apenas unos dos meses ocurrió algo en la República Dominicana sin precedentes en términos de fomento de la no impunidad para con los funcionarios públicos del gobierno. En este hecho encarcelaron a unas ocho personas, entre ellos, ministros del gobierno, exministros, senadores, diputados y grandes empresarios multimillonarios, por el tema de Odebrecht y sus sobornos a ciertos funcionarios con la intención de que estos le adjudicaran las obras del país a dicha compañía.
Esa situación se dio gracias a las grandes marchas y protestas que ha venido desarrollando “LA MARCHA VERDE” en República Dominicana. El gobierno al sentirse presionado por miles y miles de personas de toda clase social tuvo que ceder y poner a estos funcionarios en manos de la justicia. El país celebró este hecho, pero sucedió que al mes siguiente, todos salieron bajo libertad condicional y bajo condición de cárcel domiciliaria y solo dos fueron sentenciados a estar privados de su libertad por unos cuantos años.
¿Cuáles situaciones se dan en el Sistema Judicial dominicano? Se soborna a un juez para que excluya pruebas que, de otra forma, conducirían a la convicción criminal. Se soborna a funcionarios de tribunal para que designe un caso a un juez afín, para que este extravíe los expedientes de un caso o para que apresure la audiencia. Se soborna a la policía para que manipule las pruebas del delito. Se paga a los fiscales para que impidan llevar un juicio a corte o para que evalúen las pruebas de manera injusta. Esto nos permite concluir respecto a este punto que en los actos de corrupción se dan formas de sobornos y con ello se consigue una sentencia favorable o de una forma más sutil al afectar el principio de igualdad durante el proceso del juicio (como impedir a algunas partes que estén en una posición de igualdad de procedimiento durante el juicio).
Todas estas situaciones dejan muy poco margen de equidad en los menos pudientes, porque debe entenderse que el soborno amerita gastos, complacencias con regalos despampanantes y claramente una gran mayoría de la población no cuenta con los recursos para ello, lo que los deja varados en una pendiente al punto de colapsar.
Por esta razón, la International Council on Human Rights Policy – ICHRP (2009) afirma como hemos señalado, que el soborno también puede ser empleado por los poderes políticos para controlar a los jueces. Esta tipología, sin embargo, se refiere, principalmente, al cohecho que se exige de, o se da por, los actores de la sociedad civil, incluso los ciudadanos vulnerables y de bajos ingresos que tienen mucha dificultad para pagarlo. Todo funcionario en el sistema, un juez, administrador de tribunal u oficial investigador de la policía, puede, potencialmente, solicitar soborno por los servicios que debe brindar por obligación.
Todo esto, da paso a inferir que, aunque los sistemas judiciales que exigen a los ciudadanos el pago de sobornos afectan a todos, tienen una consecuencia negativa desproporcionada en los más pobres, impidiéndoles el acceso a la justicia, negando así las oportunidades para zanjar con imparcialidad las disputas que tengan con los vecinos o con las autoridades. Las mujeres, quienes por lo general son más pobres que los hombres, tienen que soportar el peso mayor de tal injusticia. Así, son maltratadas por hombres adinerados, humilladas y hasta privadas de ir a la universidad.
En resumen y a modo de conclusión, podemos sugerir que el principal aspecto que debe mejorarse en el ámbito de la administración de la justicia de la República Dominicana es la despolitización del Sistema Judicial. Y luchar por mejorar y efectivizar la autonomía que se supone debe tener en cuanto a sus decisiones se refiere, el Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado.
Solo con esto pueden ser contratados representantes del Poder judicial apegados a la objetividad, pulcritud y a la equidad en igualdad de condiciones que se merece todo ser humano cuando sus derechos han sido violentados. Así los menos pudientes se hallarán en menos desventajas respecto a las personas que tienen dinero o que están bien relacionadas. Todo esto debe hacerse bajo la convicción de que la corrupción judicial no solo daña económicamente a aquellos que buscan justicia, también socava la confianza en la propia justicia.
