A estas alturas nadie puede negar que el accionar de la gran mayoría de los políticos dominicanos haya degenerado en una compra de voluntades que están a la venta precisamente por culpa de los actores políticos, como si fuera una transacción comercial en la que el pueblo exige su tajada del pastel a cambio de un voto que llevará a los políticos a los círculos de poder desde donde la mayoría de ellos se enriquecen impunemente.
Como consecuencia de esta degeneración ya no sabemos cómo piensan los políticos, ni en que creen, ni si sus posiciones varían según la conveniencia de cada momento, si son de derechas, si son de izquierdas, o quizás de centro. Total, que les importa, si lo realmente importante no es lo que piensen, sino lo que dan o lo que exhiben. Solo basta recordar las elecciones congresuales y municipales del año 2016 en la provincia Duarte, donde el debate nunca giró en torno a ideas, ni a propuestas, y las que hubo entonces quedaron en el olvido tan pronto como ganaron o perdieron los candidatos.
Ante esta penosa realidad, tengo la convicción, y así lo propongo, que es la sociedad en su conjunto la que debe exigir a sus dirigentes y representantes, o a quienes aspiran a dirigir y representar, que asuman posiciones, actuando en consecuencia, sobre los temas fundamentales de la sociedad como la lucha contra la corrupción y su efectividad o no, la independencia del Ministerio Público, la inseguridad ciudadana con sus causas y la situación de la Policía Nacional, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma del sistema educativo público más allá de la construcción de escuelas, la inmigración, su regularización y como cubrir las necesidades de una población creciente que demanda de servicios públicos como educación y salud, las deportaciones masivas, la soberanía, la calidad del gasto público, el endeudamiento y sus límites, las políticas sociales, el emprendedurismo, la generación de empleos, el fomento de los sector productivos, los retos de la producción nacional frente a las amenazas del DR-Cafta, la reforma integral al sistema fiscal, la reforma al Código de Trabajo, entre otros temas de interés.
Como Nación debemos migrar de la política de las promesas a la política de los históricos, en la que un aspirante a acceder a un cargo público por primera vez deba presentar, como requisito indispensable, constancia de sus estudios, certificaciones de buena conducta tanto del país como de la Interpol, su propuestas y plan de ejecución de las mismas, y más importante aún, el origen de sus bienes, a fin de determinar de entrada la viabilidad de esa candidatura. Sería interesante que además de lo ya planteado cualquier aspirante a repetir en algún cargo deba presentar, para el caso de los legisladores por ejemplo, los proyectos de leyes y resoluciones presentadas, pero sobre todo que presente el histórico de las votaciones que haya realizado en el Congreso Nacional, a fin de determinar como ha votado en temas como los contratos de Barrick Gold, la declaración de parque nacional de Loma Miranda, la despenalización del aborto, los prestamos internaciones incluidos los de las obras realizadas por Odebrecht, el 4% para la educación, entre otros. Recordemos que los legisladores votan en nombre y representación de su pueblo, por lo que es indispensable determinar si votan como el pueblo quiere que lo hagan.
Solo con la presentación de credenciales claras e históricos bien depurados podremos reformar el deteriorado sistema democrático participativo. Esto no es nada nuevo, así se ejerce la política las democracias más avanzadas, donde al político se le cuestiona por lo que ha prometido versus lo que ha cumplido, por las posiciones asumidas versus las acciones realizadas, pues lo más importante es reducir el buen trecho que hay del dicho al hecho.
{loadmodule mod_custom,Joan Fernández Osorio}
