New York.-Para Alianza País el “Congreso Dominicano no cumple con sus funciones constitucionales, pasando a ser una especie de mercado público que en poco o en nada sirve al desarrollo de una sociedad democrática”.
“Aunque supuesto a ser un contrapeso y fiscalizador del Poder Ejecutivo, su voluntad responde a la orden y propósitos del Presidente de la Republica, siendo un simple sello gomígrafo que certifica todo lo que del Palacio Nacional provenga”, dijo Luis Mayobanex Rodríguez, Coordinador General en el Exterior de la entidad partidaria.
Descalificó el Congreso Nacional al catalogarlo “como uno de los espacios de poder por excelencia para el tráfico de influencia, para la compra y venta de leyes y disposiciones favorables a los económicamente poderosos”.
“Es el poder público que de la manera más descarada actúa y legisla para rodear de privilegios y ayudar al enriquecimiento ilícito de sus integrantes”, aseveró Mayobanex Rodríguez.
Consideró que con contadas excepciones, ejemplo Fidelio Despradel, “el Congreso Dominicano es corrupción de arriba abajo”.
El dirigente aliancista indicó que mientras el pueblo pobre y trabajador se traga un cable y la mitad de otro y la clase media tiene que recurrir al multiempleo para poder subsistir, este abultado Congreso integrado por 222 supuestos legisladores se chupa alrededor de 7 mil millones de pesos anuales, que se malgastan en barrilitos, cofrecitos, en elevados salarios, en falsos empleos para amantes sentimentales, en viajes al extranjero y en la injerta de exóticas bebidas y comidas.
De cara al proyecto de presupuesto para el próximo año, se estima que la partida asignada al Congreso superara lo que sería el presupuesto conjunto del Ministerio de Deportes, de Trabajo y de Cultura, con la agravante que más del 50% de su presupuesto se gasta en beneficios y compensaciones para los propios legisladores.
Mayobanex Rodríguez indicó que siendo un país territorialmente pequeño y con un poco más de 10 millones de habitantes, República Dominicana es uno de los países con mayor número de legisladores y ocupa uno de los primeros lugares en el gasto más alto en beneficios de los integrantes de ambas cámaras legislativas.
Por demás, contrario a la teoría jurídico-política sobre el Congreso, en el caso dominicano este es un poder alejado del pueblo, cuyos integrantes no valoran ni consideran la opinión ciudadana al momento de tomas de decisiones cruciales en los ámbitos presupuestal, de concesión de parte de nuestras riquezas naturales y de la aprobación de leyes.
El también activista social añadió que por estas y muchas razones más la sociedad dominicana tiene que repensar la viabilidad del congreso bicameral y su sustitución por el sistema unicameral.
Considerar el Congreso Unicameral no tan solo porque reduce el gasto económico, sino también porque agiliza el proceso de discusión y aprobación de normas y procedimientos jurídicos, termina con la existencia de órganos con funciones semejantes y puede reforzar el carácter independiendo del legislativo ante el Ejecutivo y cumplir de manera más efectiva su rol de fiscalizador en representación y beneficio de la sociedad, no de los partidos políticos.
Sin embargo, reformas como la indicada y todas las que busquen fortalecer la institucionalidad democrática pasan, primero, por derrotar el continuismo del peledé al frente del Estado y por darle curso a un proceso de cambio político que cierre positivamente la larga y angustiante transición democrática iniciada a partir del derrumbe de la tiranía trujillista.