La figura del Fideicomiso es parte del esnobismo que siempre emerge en la República Dominicana cuando surge algo no común y reviste cierta novedad. Incluso, la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la Republica Dominicana, que le da sustento legal, apenas es de 2011. No obstante, el empuje que ha tenido esta figura en las iniciativas gubernamentales es realmente dinámico, tanto como si provienen de propuestas de políticas públicas como por iniciativa del sector privado en los tantos proyectos que se discuten que involucran temas de interés diverso.
Es importante indicar que un fideicomiso es el acto mediante el cual una o varias personas (en este caso el Estado), llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos al fiduciario (Banca Privada), para la constitución de un patrimonio separado y autónomo, llamado patrimonio fideicomitido, que tenga por objeto cumplir las instrucciones específicas que indiquen los fideicomitentes, a favor de los beneficiarios o fideicomisarios (en este caso la ciudadanía).
Etimológicamente, su raíz proviene de «Fides», que se refiere a fé; «Committere», que significa encomendar. En definitiva, se trata de un traspaso de propiedad desde el fideicomitente a una empresa fiduciaria o entidad financiera, que administra el patrimonio ya sea de bienes muebles e inmuebles, o recursos financieros en favor de un tercero beneficiario.
En nuestro país existen varios fideicomisos, uno de los más conocidos es el Fideicomiso público RD Vial que se encarga de administrar los fondos provenientes de los pagos de peajes en las distintas autopistas de la red pública del país. Su misión es administrar estos recursos a través de la Fiduciaria Banreservas e invertirlo en el mantenimiento y ampliación de la red vial principal para beneficio del país y de su economía. Bajo este mismo esquema, se puso en funcionamiento el Fideicomiso ParquéaT_RD con el cual en una primera etapa se administrarán 16 parqueos en el Gran Santo Domingo y Santiago, con la visión de reducir los entaponamientos y llevar orden a las calles de las urbes principales del país a través del descongestionamiento.
Otras iniciativas se han puesto en marcha como el Fideicomiso de Viviendas de bajo costo con la Fiduciaria BHD, esta con el objetivo de obtener los incentivos que otorga el Estado dominicano a través de la Ley No. 189-11, de la cual gozan todos los fideicomisos que apliquen. Así se contemplan muchos otros en temas tan diversos como residuos sólidos, y la semana pasada se anuncia la creación de un fideicomiso para “sacar el país de la crisis”, con un fondo aportado por el Estado de US$4 millones, unos RD$233.2 millones al cambio oficial.
En el papel todo luce loable con intenciones de políticas públicas que buscan solucionar un problema estructural del país. Entre los argumentos a favor de este tipo de instrumentos de administración de patrimonio público está la transparencia, la confianza de inversionistas privados y la aséptica intervención de la banca privada o pública cuya misión es desterrar de las manos burocráticas gubernamentales los fondos que celosamente administran.
Si echamos una mirada al conjunto, es decir, vemos el bosque completo, nos vamos a percatar que, en adición a las alianzas público-privadas, los fideicomisos constituyen el ariete para enajenar progresivamente la acción estatal en ciertos sectores de interés estratégico. Si se quiere es una apuesta al gobierno pequeño y colaborador con el capital privado, una apuesta al neoliberalismo.
Los fondos públicos deben ser manejados por el Estado y la provisión de bienes y servicios públicos es la responsabilidad de las autoridades de elección popular, no del sector privado. Cuando se crean fideicomisos para administrar carreteras y parqueos, se le cercena un brazo recaudador al gobierno central y a los gobiernos locales que hoy mas que nunca necesitan recursos para fortalecer su función social y proveer de parqueos y calles a los ciudadanos. También implica el otorgamiento de ciertos incentivos fiscales que se convierten en ingresos no percibidos que limitan la suficiencia financiera del presupuesto nacional.
Si bien es cierto que los fideicomisos permiten a los gobiernos central y local desligarse de algunas funciones que les son propias, no menos cierto es que va diluyendo su incidencia como entidades de apoyo al desarrollo urbano y social en sus territorios. Al mismo tiempo crean riesgos fiscales que podrían en caso de quiebra constituirse en pasivos o deudas estatales que engrosen la deuda pública.
Por último, lo que mas me sorprende es que se constituya un fideicomiso para administrar unos fondos para el diseño de políticas públicas para salir de la crisis económica producto del impacto del COVID-19. Otros más se han constituido para el desarrollo del turismo de Pedernales y para la Recapitalización del Banco Central. Todos ellos tienen un punto común: la sustitución del Estado en su rol de diseño de las políticas públicas.
La desconfianza a lo público como ideología termina destruyendo el bien común. Esa ha sido la historia.
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