La lucha constante entre los sectores de poder no se detiene en ningún momento, la misma puede ser estudiada desde diversos ángulos para poder entender el evidente interés por la acumulación de capital, en tal sentido, el sistema oligárquico se antepone ante los obreros para de esta manera reducir el poder adquisitivo de la clase social con menos condiciones económicas.
En las últimas décadas, el sistema de capitalización privada se ha intentado implementar en una parte importante en los pueblos de América Latina y El Caribe, estrategia esta promovida desde el sistema Neoliberal el cual tiene como principio especifico beneficiar al sistema capitalista, aun sea negándole el derecho de un retiro digno a los trabajadores.
La sociedad dominicana debe estar obligada a articular todos los sectores sociales, para que los mismos puedan lograr retirarse dentro de un sistema de pensión que les permita cierto nivel de comodidad, después de haber servido toda su vida productiva al Estado.
La clase magisterial no es ajena a esta realidad, ya que, hace varios años Acción Empresarial por la Educacion (EDUCA) ha mostrado que estaría dispuesta a hacer lo que sea necesario para que los docentes del sistema educativo público pasen de tener un sistema de jubilación y pensión particular (INABIMA), a cotizar mediante la banca privada.
En el año 2019 EDUCA se refiere al sistema de jubilación y pensión de los maestros de la siguiente manera “no es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo”, debido a que “no se cumple el requerimiento básico de un sistema de reparto: las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar los beneficios adquiridos por los docentes que se retiran”, obviamente no podrá ser sostenible desde la valoración del interés que representa dicho órgano, pues el mismo tiene un enfoque específico sobre la acumulación de capital.
Mientras EDUCA califica de “insostenible” el sistema de jubilación y pensión de los maestros, los jubilados y pensionados antes del año 2013, se hunden en la miseria con un retiro deprimente, el cual no le alcanza ni siquiera para obtener los medicamentos necesarios para las diversas enfermedades que padecen, tampoco cubrir las necesidades básicas.
Es evidente que los gobiernos que han transcurrido por la administración pública en los últimos años, han violado lo que reglamenta la Ley General de Educación 66-97, en el párrafo de su artículo 170 “Los sueldos de los docentes pensionados y jubilados serán revisados por lo menos cada 3 años para hacer los ajustes adecuados a la variación de índice de precios del país, pero nunca serán menores que el sueldo mínimo del sector oficial”. La indolencia ha hecho acto de presencia tanto en los empresarios de la educación, como en quienes han administrado el Estado.
Se convierte en un acto de injusticia el negar un salario digno a quienes pusieron toda su vida productiva al servicio del Estado para así construir una mejor sociedad y que hoy en día sean marginados por los sectores de poder.
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