La Sociedad Dominicana al parecer tendrá que prepararse para ver en las calles a ex funcionarios acusados de corrupción en los gobiernos del PRD, PLD y PRM, por mandatos de jueces que integran nuestras llamadas Altas Cortes.
Primero fue la anulación de la sentencia de condena a los implicados en el desfalco millonario en el Ayuntamiento de esta ciudad, luego a los acusados de recibir un soborno millonario en dólares para facilitar la compra de los aviones Súper Tucano y ahora él no ha lugar a los implicados en la venta fraudulenta de los terrenos de CORDE, ubicados en los Tres Brazos.
En el caso del no ha lugar que favorece al ex Director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar y otros 16 ex funcionarios, el Ministerio Público informó que apelará la decisión de Juan Francisco Rodrìguez, Juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito.
Vista la cadena de descargos de implicados en robos y actos de corrupción en perjuicio del Estado, tal y como si fuera un mandato de las altas instancias de los Tres Poderes del Estado, en nada debe sorprendernos la liberación de culpas de los implicados en el Préstamo de la Son Lam, entre otros bochornosos casos.
Ojo con estos descargos, porque al parecer los jueces que están evacuando esas sentencias, desconocen que con las mismas están provocando al pueblo dominicano para que se produzcan hechos de violencias, quizás con mayores trascendencias a los que se originaron en la poblada aquel abril de 1984.
Discussion about this post