Se acerca el momento de que el Congreso Nacional apruebe la ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional.
Ese poder del Estado no tiene alternativas.
Cierto es que este tema coloca al gobierno contra la espada y la pared, poniendo a prueba la soberanía del país.
De un lado, la empresa interesada en sacar minerales de allí amenaza con irse del país si el gobierno no se lo autoriza.
De frente, el gobierno tiene la presión de las organizaciones sociales y ecológicas que reclaman que Loma Miranda se mantenga intacta y se le declare por ley Parque Nacional.
Si soberanía significa que el país tiene derecho a decidir a quién acepta mantener en su territorio porque le conviene o beneficia, también tiene el deber y obligación de proteger al pueblo como su recurso más importante y preservar sus riquezas naturales y las no renovables.
La experiencia enseña que las empresas que extraen minerales como oro, ferroníquel, bauxita y otros sólo dejan al país con muchos hoyos y contaminación. Los beneficios no se reflejan ni siquiera en mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven en las proximidades de la mina. Un ejemplo cercano lo tenemos en Cotuí donde opera la Barrick Gold.
Esos minerales son recursos no renovables, por no se reponen, en su extracción y tratamiento se usan químicos y sustancias que envenenan los ríos y producen múltiples enfermedades a las personas que usan sus aguas y dañan el entorno, con sus sus animales, árboles y suelos.
Extraer minerales de la tierra, por ejemplo, no es lo mismo que sacar peces del mar o cortar bosques de árboles. Los peces se reproducen; los árboles retoñan y más tarde se vuelve a tener la población de peces o de plantas que se cortaron porque son recursos renovables.
Sin embargo extraer minerales o metales es destruir bosques y montañas.
EL JAYA entiende que en un ejercicio de soberanía el gobierno debe revisar y actualizar los términos del contrato con que opera la compañía transnacional Xtra Niquel que quiere explotar a Loma Miranda, a los fines de que el país reciba mayores beneficios, de la misma manera que lo hizo con la Barrick Gold.
Las empresas mineras reportan grandes beneficios a sus dueños, pero dejan en la pobreza al pueblo donde se asientan para hacer sus excavaciones. Es decir sólo saben privatizar las ganancias y repartir las pérdidas.
Lo aconsejable es que cuando un gobierno a nombre del Estado Dominicano firme un contrato con una compañía extractiva, una de sus cláusulas le obligue a sembrar en el cerebro de jóvenes dominicanos parte de los beneficios que recibirá el país.
Esa siembra significa que la compañía construirá centros de transferencia tecnológica para capacitar a jóvenes nativos que años más adelante podrán encargarse las minas como propiedad del país.
En otras palabras el Presidente Danilo Medina y el Congreso Nacional pronto tendrán la oportunidad de demostrar a las empresas mineras, para que lo sepa el mundo, que República Dominicana es una nación soberana, por lo que se prohibe la explotación de Loma Miranda y se declara Parque Nacional.
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