Conforme los artículos 596 y 597 del Código de Procedimiento Civil, si la parte embargada presenta un guardián solvente, este será nombrado depositario por el alguacil, en caso contrario el ministerial establecerá uno con las características de idoneidad requeridas por la ley, pero en todo caso para su designación debe observarse las disposiciones del artículo 598 del mismo código, pues existen una series de personas que por su vínculo con las partes les está prohibido ser depositario.
Lo de uso de goce sólo está reservado para el deudor embargado designado como guardián, por lo que las demás personas que son designadas no pueden hacer uso ni goce de las cosas embargadas, estos simplemente se limitarán a cuidarlas y conservarlas hasta la fecha que sean requeridas.
Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia al interponer el artículo 603 del Código de Procedimiento Civil que: “Cuando el depositario es el mismo embargado puede usar y gozar de las cosas embargadas con tal de no menoscabar ni sustraerla a la acción del persiguiente, en cambio cuando el depositario es un tercero no tiene esta facultad, bajo pena de privación de los gastos de guarda y daños y perjuicios conforme al artículo 603 del Código de Procedimiento Civil”. (Suprema Corte de Justicia, BJ. No.171, del 27 de octubre de 1924, p. 9).
Es decir, el guardián no puede servirse de las cosas embargadas, prestarla ni alquilarla, ni apropiarse de los frutos producidos por esta ya sean civiles o naturales, bajo pena de privación de sus funciones, honorarios, daños y perjuicios y en caso de sustracción se aplicarán las disposiciones del artículo 408 del Código Penal. (Suprema Corte de Justicia, Bj. No. 783, del 4 de febrero del 1976, p. 199).
Explica Pérez Méndez (1989, p. 124), que cuando el guardián designado por el alguacil es un tercero, este contrae una obligación de supervigilancia sobre los muebles embargados, en modo alguno puede destinar estos bienes a su uso personal.
De conformidad con las disposiciones del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: “el alguacil estará acompañado de dos testigos ciudadanos dominicanos, mayores de edad, que no sean parientes ni afines de las partes o del alguacil, hasta el grado de primo hermano inclusive, ni tampoco sus sirvientes. El alguacil enunciará en su acta los nombres, profesiones y moradas de los testigos, quienes firmarán el original y las copias. La parte ejecutante no podrá estar presente en el acto de embargo”.
Según el criterio de la Suprema Corte de Justicia, los testigos pueden ser sustituidos como guardián. (8.3. No. 1002, del 29 de mayo de 1993).
En una sentencia del 10 de noviembre de 1954 la Suprema Corte, haciendo una aplicación del artículo 227 del Código Civil, que había sido modificado por la Ley No. 585 del artículo 1941, considerada que la acción derivada de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas prescribe en el término de seis meses, diciendo al respecto que la responsabilidad civil que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada, tiene fundamento la falta en la guarda y que esta falta que supone una negligencia o una imprudencia a cargo del guardián constituye un cuasidelito civil.
El guardián al aceptar el depósito contrae una obligación o compromiso con todos los interesados en el embargo, por lo que su mandato se rige por las disposiciones del artículo 1915 del Código Civil, debiendo presentar dichos bienes al vendutero público el día fijado para la venta, por lo que su mandato termina con el traslado de los objetos embargados al lugar donde se van a vender, una vez presentados los objetos embargados el guardián tiene el derecho de solicitar por escrito del vendutero público su descargo. (Artículos 605 y 6O6 del Código de Procedimiento Civil).
El mandato de depósito que se le ha conferido al guardián es asalariado, por lo que tiene derecho a los emolumentos (pago de sus servicios previstos en el artículo 8vo. Párrafo 11 de la tarifa de costas judiciales), pago que debe ser soportado por el embargado, el cual de deduce del precio o producto de la venta y en caso de no ejecutarse esta, el pago debe ser soportado por el ejecutante a quien debe reservarle el derecho de repetición contra el embargado.
El embargo ejecutivo es un procedimiento por medio del cual todo acreedor provisto de un título ejecutorio, donde consta una acreencia líquida y exigible, puede luego de un mandamiento de pago, embargar los bienes mobiliarios de su deudor y proceder a la venta para saldar su deuda. (Vincent Jean. 1999, p. 169).
El procedimiento de embargo ejecutivo constituye un todo, pues se trata de un conjunto de actos procesales que inicia con el proceso verbal de embargo ejecutivo y concluye con la etapa de liquidación del crédito (pago a los acreedores, al guardián, los gastos de la venta, al fisco y al vendutero público). Sin embargo, todo esto debe cumplirse en el orden y plazo legalmente establecidos.
Las actuaciones procesales en el embargo ejecutivo comienzan con la redacción y levantamiento del proceso verbal de embargo ejecutivo y no con el mandamiento de pago, pues como se ha explicado, este acto (mandamiento de pago) no es más que un preliminar obligatorio con el que debe cumplirse antes de ser redactado el proceso verbal de embargo ejecutivo.











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