Hace algunos años leía un artículo de Carlos Alberto Montaner titulado: “La máquina de exterminar gente emprendedora”.
El autor se preguntaba: “¿Por que no nacen Bill Gates o Steve Job en Hondura, República Dominicana, y otros países subdesarrollados? Sin extenderme en las consideraciones que el autor plantea y delinea con un enfoque brillante sobre el tema, concluye que el Estado, en los países subdesarrollados, esta creado para obstaculizar las personas provista con este fuego creativo”. Cierro la cita.
Nuestro país hace honor a estos postulados planteados por Montaner. Lo triste y doloroso es que no vemos a los funcionarios imitar el ejemplo del Presidente, que domingo tras domingo acude en ayuda de miles de dominicanos necesitados del auxilio del gobierno. No hay mejor forma de poner el oído en el corazón del pueblo.
Tampoco observamos ningún tipo de sanción para estos infuncionales que ostentan cargos públicos para obstaculizar el progreso de quienes aspiramos conseguirlo.
Tienen una patente de corso para atropellar, amparados en la premisa: “Yo soy del partido. Yo me fajé en la campaña…”
Ese es el único mérito que pueden y deben exhibir para optar por un cargo público.
Quiero citar como ejemplo un caso propio de esta naturaleza.
Quien escribe dirige y administra un centro de salud.
En el año 2006 empecé el proceso de habilitación de mi centro clínico, tal como lo requiere el Ministerio de Salud Pública y acorde a lo que plantea la Ley General de Salud.
Luego de que me “extraviaron” varias veces mi expediente en la Dirección General de Habilitación (a pesar de que entonces éramos un servidor público del Ministerio de Salud), finalmente fue en el año 2012 que me otorgaron una licencia provisional por un año.
Esa licencia venció en el 2013. Desde la fecha, por ser un ciudadano respetuoso de la ley, he intentado renovar mi licencia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en el ínterin de nuevo han “extraviado” en 3 ocasiones la documentación requerida para tales fines.
Es importante hacer notar que de 1,200.00 pesos (mil doscientos) que costaba obtener una Licencia de Habilitación en el 2006, hoy día puede costar entre 7,583.00 a 22,749.00 pesos, sólo por concepto del impuesto que se debe pagar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dependiendo de la complejidad del establecimiento sanitario.
Lo gracioso del caso es que “los técnicos” de Habilitación del Ministerio sólo se interesan en fiscalizar el cumplimiento de las exigencias.
El interesado debe entregarles un folio de documentos en físico y electrónico, que para una clínica pequeña puede conllevar varios meses de arduo trabajo.
Los requisitos y exigencias son interminables, y un empleado de quinta categoría puede hacerte volver varias veces sólo porque a un formulario le falta un punto y coma.
Hay que reconocer que en esto son muy eficientes. Pero ese celo excesivo en hacer que el profesional médico cumpla con la ley usted no lo ve en el monitoreo y vigilancia de los establecimientos de salud.
Es como si el marco legal que le da vigencia a esta institución se basara en la proliferación de obstáculos, y no en la exigencia de la calidad del servicio al público.
Este departamento no cuenta ni con la logística ni los recursoseconómicos para el monitoreo y seguimiento para el cual está constituido. Sólo cuando programas de periodismo de investigación como los de Nuria Piera o Alicia Ortega denuncian una situación, entonces ahí está presente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Ahora bien, analicemos los hospitales Públicos y los Centros de Atención Primaria. La Ley General de Salud no establece diferencias entre un Centro Privado o Público, es decir que toda la Red de Salud del sector público también debe contar con el requisito de Habilitación.
En algunas visitas que el propio presidente Danilo Medina hiciera, a ciertos centros hospitalarios, exclamó que los mismos no son más que pocilgas humanas. Óigase bien: POCILGAS HUMANAS, según la expresión textual del Presidente.
¿Y quiénes son los usuarios de esos centros? ¿No son seres humanos? ¿No son dominicanos y dominicanas desamparados por un Estado irresponsable que no puede garantizarles una salud adecuada?
De los más de 160 hospitales públicos y alrededor de 800 Centros de Atención Primaria, apenas el 40% cumple con los requisitos de la Dirección de Habilitación.
La ley General de Salud fue promulgada en el 2001. Esto quiere decir en 13 años de promulgada esa legislación, el propio Ministerio no ha podido ponerse a tono con los mandamientos de la ley y no ha puesto al día todos sus establecimientos.
Si alguien no está de acuerdo conmigo que mire las estadísticas de los principales indicadores de salud o que le eche una mirada a los informes del PNUD.
Aún más, que verifique el compromiso que hizo el Estado para el cumplimento de los Objetivos del Milenio.
Como ejemplo: La mortalidad infantil actual en nuestro país es 22 por cada 1000 nacimientos.
En Cuba es de 4,2 / 1000 nacidos vivos. Saque usted sus propias conclusiones.
Pero en los foros internacionales hay que ir a dar la cara y presentar estadísticas maquilladas, que ya no engañan a nadie.
Si los propios hospitales que administra el Ministerio de Salud Pública no están en condiciones de ofrecer servicios dignos a la población ¿por qué se exige tanto al sector privado que trata de ofrecer un servicio de calidad alternativo amén de todas las cargas impositivas y de malos servicios públicos que tenemos que pagar?
La doble moral de nuestra sociedad campea por lo alto.
¿Usted cree que si un funcionario del Ministerio de Salud requiere atención médica acude a un hospital público???
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