La corrupción extingue las bases económicas y por lo tanto la democrática, en República Dominicana las estructuras del Estado está centralizada por el poder del partido gobernante, desarrollado un clientelismo estructural, operacional, con participación de múltiples instituciones que solo sirven de entidades parasitarias multiplicando funciones y fortaleciendo la corrupción.
Existe el Director de Ética e Integridad Gubernamental, Dr. Marino Vinicio Castillo Rodríguez, que en su historia profesional y política se ha colocado al lado de las personalidades más cuestionable del país como; Trujillo, Balaguer, Leonel Fernández. Esta figura de ética, es el espectro político dominicano más controversial, parece aprender ética con selectividad, no con claridad filosófica que señala,” la ética se ocupa del estudio de la moral, la virtud, el deber y el buen vivir”.
Este honorable funcionario, solo se ocupa de respaldar los intereses más lóbrego con corrupto y estafadores, como fue el caso del banquero Ramón Báez Figueroa, a quien sirvió de Defensor Técnico.
No dijo nada sobre déficit presupuestaria del presidente Leonel Fernández en el 2012, cuando la Cámara de Cuentas en informe presentado al Congreso Nacional, en su evaluación determinó que la desviación registrada en el déficit, se produjo en la ejecución de gastos por transferencias corrientes.
Respecto al despojo que los legisladores quieren hacerle al pueblo para favorecer los corruptos, el DR. Castillo, no se ha expresado en función de su cago, cuando la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, expreso que era lamentable que el Congreso Nacional haya retrocedido al eliminar la oportunidad dada a los ciudadanos para querellarse contra los funcionarios públicos corruptos. Dijo que en un estado democrático de derecho se debe tener la calidad para querellarse en contra de las personas que hacen uso de los recursos públicos.
Presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, dijo que con la eliminación del párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal los legisladores y la cúpula que los dirige buscan despojar a la ciudadanía de la facultad de defender el patrimonio público.
Moreno dijo que al ser aprobado, durante la reforma del 2002, el artículo 85 “ha sido la única vía disponible para que los ciudadanos y ciudadanas puedan accionar penalmente contra la fortaleza de impunidad construida por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, debido a que el Ministerio Público está cada vez más sometido a los intereses del partido gobernante. La corrupción desgasta la capacidad institucional del gobierno, ya que se desprecian los procedimientos, se desvían los recursos, y se venden y compran los puestos y cargos públicos.
Representa un golpe económico, a favor funcionarios corruptos y un pueblo que cada día percibe disminuir la calidad en los servicios públicos, y cómo los funcionarios se vuelven más onerosos con el favor de los recursos que aporta el pueblo a través de las contribuciones que pagan, con una contraparte del crecimiento insostenido de la deuda pública, corrupción sustentada por el gobierno, los ciudadanos y ciudadanas pagamos, es un derecho democrático, al pueblo no se puede amordazar.











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