Es de principio que la ley clara no debe ser interpretada, sino aplicada. Por ende se desprende que si un texto jurídico está afectado de oscuridad, ambigüedad o dilogía, tanto los magistrados como los especialistas en derecho, deben desentrañar el verdadero espíritu que se esconde en él para que de esta manera haya una diáfana administración de justicia y aplicación de la ley. Desgraciadamente no ha sido este el camino seguido por el legislador dominicano en los últimos tiempos, cuya postura sobre contradicciones entre leyes y realidades sociales no previstas por nuestros códigos ha sido de silencio total.
Para comprobar nuestro planteamiento, tomemos como referencia los Códigos de Trabajo y Tributario en lo que respecta a las discrepancias surgidas por el no cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de otorgarle a sus trabajadores el 10 % de los beneficios o utilidades obtenidos al cierre del año fiscal o comercial.
Por ejemplo, el Código de Trabajo Dominicano establece la posibilidad que tienen los trabajadores de consultar los libros de contabilidad de las empresas en que laboran, cuando tengan dudas del estado real de las ganancias y pérdidas de dichas empresas. Pero, para nadie es un secreto que el trabajador que reclame la aplicación de este texto legal, sabe que tiene su hoja de liquidación a mano, es decir, que dicha disposición legal es letra muerta en la Ley. Ahora bien, cuál sería la situación jurídica, si un trabajador o grupo de trabajadores poseen pruebas materiales de que una determinada empresa por más de tres años, ha creado gastos artificiales, como sueldos fantasmas, facturas de ventas no registradas, ocasionando una falsa disminución en las ventas etc., con la finalidad de que el estado de resultados de las cuentas de gastos aparezcan aumentadas y las de los ingresos disminuidos, lo que provocaría que los estados financieros de final de año reflejen una realidad financiera muy ajena a la realidad.
Lo que con muchas probabilidades harán los trabajadores será demandar en pago de la participación en los beneficios o utilidades de la empresa. Pero, ¿podría demandarse por los tres años en que se incumplió con la obligación de entregar dichos beneficios, a sabiendas de que la empresa en cada uno de los tres años depositó ante la DGII (Dirección General de Impuestos Internos) declaraciones juradas alteradas, que no hacían fe de la realidad financiera de la empresa?. Por lo que se deduce de la aplicación del Código de Trabajo relativo a la prescripción parece que no.
Entendemos que lo planteado anteriormente no puede aplicarse exegéticamente, ya que la prescripción para el pago de la participación de los beneficios de la empresa debe comenzar un día después de vencido el plazo de los 90 a los 120 días del cierre del ejercicio económico que tienen las empresas para pagar dichos beneficios a sus trabajadores.
Sin embargo el Código de Trabajo establece que en caso de que hubiere discrepancia entre las partes sobre el importe de la participación, los trabajadores pueden dirigirse al Ministro de Trabajo para que a instancia de éste, el Director General de Impuestos Internos, disponga de las verificaciones de lugar[8]. Por otro lado, el Código Tributario viene a robustecer lo antes mencionado al disponer: ¨La Administración Tributaria podrá exigir declaraciones juradas o cualquier otra información, en la forma y en los plazos que a efecto fije la ley… Asimismo el citado código le da a la DGII un plazo de tres años para impugnar las declaraciones juradas y si se decide a fiscalizarlas se interrumpe el plazo de la prescripción por dos años más. Es decir, que el plazo que beneficia a la DGII, injustamente no beneficia a los trabajadores.
En relación a este último punto, cabe señalar que existen preceptos en el Código de Trabajo que establece que en caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador y si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador. Por otra parte, en materia laboral los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional, de igual manera se considera como nulo todo pacto en contrario.
Es oportuno hacer notar, que al ser la participación en los beneficios o utilidades de la empresa un derecho adquirido por el trabajador, éste siempre estará en capacidad de reclamarlo aunque la empresa utilice subterfugios para ocultarlos, ya que materia laboral los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe y será ilícito el abuso de tales derechos.
Ahora bien, en el caso hipotético de que los trabajadores decidan demandar en el plazo establecido en los arts. 703 y 704 del Código Trabajo, es decir, en el último de los tres años en cuestión, obteniendo ganancia de causa y subsiguientemente la DGII accione contra la empresa por ese año y los dos anteriores en que se depositó las declaraciones juradas alteradas, no pagando las contribuciones correspondientes al fisco. ¿Podrían los trabajadores beneficiarse de esa acción? Ni el Código de Trabajo ni el Tributario, hacen mención a una situación como esta, en donde por cierto, reina tanta confusión, solo comparable a la creada por Dios cuando decidió destruir la Torre de Babel y confundir las lenguas.
El autor es Abogado, Especialista en Derecho Laboral. Magister en Derecho Laboral y Administrativo. Co-autor del Código del Trabajo Concordado (Compendio Legislativo Laboral de la República Dominicana). Profesor de Derecho Laboral II y Derecho de la Seguridad Social por la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y en la actualidad desempeña el Cargo de Representante Local del Ministerio de Trabajo para la Provincia Duarte.
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