Con mucha regularidad nos resulta difícil establecer la distancia que media entre la preocupación y la indignación cuando analizamos el terreno donde se mueven los especímenes que ahora se llaman “influenciadores” y que han hecho de las redes sociales un ecosistema altamente peligroso y tóxico para la convivencia civilizada y armónica.
Hemos analizado en otros momentos la incertidumbre que plantea el comportamiento de cientos de irresponsables que asumen como conducta el desenfreno mediante la emisión de opiniones altamente contaminadas y sin consecuencias, dado el desierto legal que existe a partir del derecho a la libertad de expresión resguardado por nuestra Constitución.
Justamente estos días se ha exacerbado el libertinaje a través de plataformas de internet, como derivado de la lamentable desaparición de la joven indo-estadounidense en una playa de Punta Cana, un hecho que le ha generado al país una abundante exposición mediática fuera de nuestras fronteras, no siempre en los mejores términos, si bien se trata de un caso aislado que nos ha turbado a todos.
Una de las manifestaciones más deleznables y de extrema irresponsabilidad la observamos cuando un charlatán llegó al colmo de afirmar—ni siquiera como una especulación—que el hotel en cuya playa desapareció la visitante, había pagado a dos haitianos para que sepultaran su cuerpo.
Al escuchar eso quedé pasmado, pues estábamos ante una expresión alarmante y una canallada sin límites, y asumí que en lo inmediato este irresponsable sería llamado por los investigadores policiales y del Ministerio Público para que aportara las pruebas de tan relevantes datos, pues estos serían claves para despejar las interrogantes no resueltas que ha dejado este suceso.
Lamentablemente pasaron los días y ni los investigadores requirieron los datos ni el hotel—altamente lesionado en su imagen corporativa—ha procedido a demandar a este sujeto ante los tribunales por daño reputacional.
No faltarán quienes hasta se sorprendan de cómo un periodista puede abogar por la persecución legal de una persona que ha emitido un juicio de valor a través de un medio de internet.
Y precisamente lo que buscamos es salvar la reputación de quienes nos hemos dedicado toda la vida al periodismo serio, el que no es capaz de lanzar semejante infundio, conociendo el daño que causa.
Estos “comunicadores” sin conciencia ni rigor profesional resultan peor que una plaga para el oficio tan noble que es el periodismo, al punto de encontrarse entre los auxiliares más importante para la construcción de la historia.
Aprovechar con sentido responsable y labor ciudadana los adelantos que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) debería de ser el punto esencial de quienes disponen de esas herramientas para construir relatos.
Derivarse hacia la violación de las normales legales y de responsabilidad ciudadana debería generar sanciones importantes, si bien no de tipo penal—hasta que haya daños irreparables—por lo menos de tipo moral motivando a los internautas a no consumir estas toxicidades mediáticas.
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