En República Dominicana, los paros y huelgas son una herramienta frecuente para exigir la ejecución de obras públicas. En comunidades de todo el país —y muy especialmente en la provincia Duarte— se detienen actividades económicas, escolares y sociales para hacer visible una deuda que el Estado arrastra por años. Las razones suelen ser válidas. Las consecuencias, muchas veces, son dolorosas.
En San Francisco de Macorís y zonas aledañas, las principales demandas han sido reiteradas en múltiples escenarios: la conclusión del Hospital Regional San Vicente de Paúl, la construcción de la Circunvalación, una Escuela de Bellas Artes digna, la carretera turística que conecte San Francisco con Puerto Plata, y una reducción tangible en el precio de la canasta básica familiar. No se trata de caprichos. Son necesidades urgentes para garantizar salud, acceso, cultura, movilidad y dignidad en el costo de vida.
¿Quién pierde realmente?
Cuando una comunidad decide paralizarse, lo hace por frustración, pero también con sacrificio. El discurso de “si no hacemos bulla, no nos oyen” tiene peso, porque muchas veces ha sido cierto. Sin embargo, es imprescindible reconocer el precio que se paga por ese método de presión.
Pierde el estudiante que se queda sin clases., el pequeño comerciante que no vende, la madre que no puede acceder a centros de salud, el transportista que no llega a su destino, el agricultor que no puede sacar su cosecha, el ciudadano que vive del día a día (Muchas veces con familia que sustentar), pierde la sociedad, porque los inversionistas importantes huyen a los paros frecuentes.
Y lo más preocupante: pierde la confianza en el sistema, que no responde si no es forzado. Se erosiona la fe en la institucionalidad, y se normaliza la idea de que solo a través del caos se consigue atención.
¿Quién se beneficia?
En el mejor de los casos, gana la comunidad si logra que sus demandas sean atendidas. Se visibiliza el problema, se presiona a las autoridades y se fuerza la asignación de recursos.
Pero no siempre el beneficio es colectivo. A veces, ciertos actores aprovechan la tensión social para avanzar agendas políticas, personales o partidistas. Se presentan como salvadores, pero operan como oportunistas. Y cuando eso ocurre, el paro deja de ser una voz del pueblo y se convierte en herramienta de manipulación.
Peor aún, hay ocasiones en que se infiltran grupos violentos que provocan enfrentamientos con autoridades, incendian neumáticos (no considerando que el fuego puede extenderse a hogares o negocios cercanos) y siembran miedo. Conozco casos donde aprovechan para realizar atracos y robos.
Así, la causa legítima pierde fuerza y se da paso a la criminalización de la protesta.
El rol de las autoridades militares
La presencia militar durante los paros es inevitable, pero su actuación define el rumbo del conflicto. Cuando los cuerpos del orden se presentan con exceso de fuerza, hostilidad o desconocimiento del contexto social, provocan más daño que control. Se agrava la tensión y se alimenta la narrativa de que el Estado reprime en vez de escuchar.
Por el contrario, si actúan con prudencia, contención y respeto, pueden convertirse en mediadores. La autoridad que protege sin provocar es la que construye la paz. La que escucha antes de imponer, gana legitimidad.
El Estado tiene derecho a preservar el orden, pero más que eso, tiene el deber de prevenir los conflictos cumpliendo con su promesa de desarrollo.
¿Existe otra forma de reclamar?
Es válido preguntarse. ¿Puede una comunidad exigir obras sin detener su propio avance? ¿Es posible reclamar sin paralizar? La respuesta está en la organización estratégica: peticiones formales, mesas de trabajo, presión mediática, movilización inteligente, participación en presupuestos participativos, y sobre todo, formación ciudadana.
No se trata de renunciar al derecho a protestar. Se trata de elevar su nivel. De pasar del grito al argumento. De la calle a la gestión. De la rabia a la estrategia. Porque cuando la protesta se organiza con sabiduría, gana más fuerza que cuando solo grita por desesperación.
Los paros por obras públicas no son un problema: son un síntoma. Revelan el cansancio de un pueblo que ha esperado demasiado. Pero también muestran que el sistema responde más al ruido que a la razón. San Francisco de Macorís y toda la provincia Duarte merecen respuestas, no solo visitas, promesas o comisiones.
Reclamar con firmeza es legítimo. Pero mientras no cambiemos el modo de exigir, seguiremos caminando en círculo: protestando por lo que nos corresponde por derecho, pero pagando el precio con retrocesos sociales.
¡Es absurdo pensar que paralizando la economía avanzaremos!
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