Una comisión de diputados realizó el viernes 13 de junio un descenso técnico a la Planta de Revalorización de Desechos Sólidos de Móvil Soluciones Ambientales de esta ciudad de San Francisco de Macorís, con el propósito de estudiar su modelo de gestión y tomarlo como referencia en el proceso de modificación de la Ley 225-20 sobre residuos sólidos.
La visita fue encabezada por las comisiones permanentes de Asuntos Municipales y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, quienes inspeccionaron las operaciones de la planta, operada por la empresa Móvil Soluciones, en compañía de autoridades municipales.
El diputado Eliazer Matos explicó que la iniciativa forma parte del proceso de consulta para reformar la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), con miras a adaptarla a los avances tecnológicos y operativos del país.
“Lo que se ha logrado en San Francisco de Macorís constituye un ejemplo que debe replicarse a nivel nacional”, afirmó.
Durante el recorrido, el alcalde del municipio, Alex Díaz, resaltó que esta planta convierte residuos en productos reutilizables, energía renovable, carbón mineral, abono orgánico y también ejecuta la incineración controlada de desechos médicos de alto riesgo.
“Es fruto de una extraordinaria visión e inversión de la familia Rizek, junto a empresas locales e internacionales. Hoy San Francisco de Macorís es un modelo en el Caribe”, destacó.
Díaz agregó que el centro también opera como espacio de investigación y desarrollo, con apoyo técnico de especialistas de Canadá, Alemania y Estados Unidos. Abogó por que la ley en discusión contemple asignaciones específicas para cubrir los costos del transporte de residuos, una de las principales limitaciones que enfrentan los ayuntamientos del país.
Los legisladores coincidieron en que el modelo observado en la planta representa un referente para los futuros proyectos de manejo integral de residuos sólidos. Adelantaron que la nueva versión de la ley contempla la instalación de más plantas regionales, aportes económicos especiales para los municipios y la posibilidad de cobrar las tasas de recolección a través de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs).
“El objetivo es lograr ciudades más limpias, organizadas y sostenibles. Para eso necesitamos un marco legal robusto y los recursos que garanticen una gestión eficiente por parte de los gobiernos locales”, concluyó el diputado Matos.
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