República Dominicana. Las cifras son alarmantes y los testimonios desgarradores. En los últimos cinco años, en el país se han registrado 341,896 casos de violencia, sin que ello haya generado una respuesta efectiva por parte de las autoridades. La mayoría de las víctimas siguen esperando protección, mientras sus agresores caminan libres, muchas veces al lado mismo de sus casas.
Santo Domingo Este encabeza las estadísticas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, según datos del Ministerio Público. Pero más allá de los números, son las historias de mujeres como Amarilis Bueno, en Dajabón, o la denunciante anónima de Gurabo, Santiago, las que ponen rostro a la negligencia institucional.
Amarilis, con siete cirugías a cuestas por los machetazos que le propinó su hermano, vive atemorizada: “Me dio tres machetazos y ahora lo veo caminando como si nada. Lo peor es que me ha dicho que va a terminar lo que empezó”. Su agresor, Ramón Antonio Bueno Caba, no solo está libre bajo prisión domiciliaria, sino que, según ella, incumple la medida constantemente, paseándose libremente por la comunidad Partido. Las autoridades, pese a las advertencias, no actúan. “Ha intentado matar a más de uno de mis hermanos y siempre queda impune”, denuncia.
El patrón se repite en Santiago. Una mujer, que prefirió no revelar su identidad, afirmó haber interpuesto más de siete querellas contra su expareja, quien la ha agredido físicamente y amenazado de muerte en múltiples ocasiones. “Lo soltaron porque una sola vez no pasé al médico forense. ¿Y todas las demás veces?”, cuestionó. Su cuerpo muestra heridas recientes y hematomas visibles. Asegura que la Fiscalía tiene las pruebas, pero la protección nunca llega.
Estos testimonios evidencian una realidad contundente: en República Dominicana se denuncia, pero el Estado no actúa. No actúa la Policía Nacional, que suele minimizar los reportes. No actúa el Ministerio Público, que deja libres a los agresores por tecnicismos. No actúa el sistema judicial, que otorga medidas blandas, aun ante hechos de extrema violencia.
Mientras tanto, las víctimas viven en zozobra, sin garantías, sin protección y con una certeza dolorosa: en este país, una querella no salva una vida. Un cadáver, tal vez sí despierte al Estado.
Parte de la información contenida en este artículo fue tomada de Diario Libre.











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