La política contra la inmigración ilegal a diario toma un nuevo giro en la aplicación de medidas más fuertes de parte de la administración de gobierno que dirige Donald Trump. Entre estas medidas se pueden citar la eliminación de solicitar para los inmigrantes libertad bajo fianza, el uso de la guardia nacional en apoyo a la agencia Ice y la detención sin causa razonable de los inmigrantes que se pueden considerar ilegales.
La aplicación por parte del gobierno de no permitir la libertad bajo fianza a los inmigrantes detenidos está provocando graves consecuencias en múltiples comunidades, en particular las hispanas.
Esto está conllevando la permanencia por largos periodos de los inmigrantes en los centros de detención que han sido inaugurado de parte del gobierno.
Decenas de las familias en la actualidad se encuentran separadas y al borde de la deportación debido al arresto de uno de los dos cónyuges que en ocasiones no está con un estatus de legalidad.
Sin embargo, el hecho de no estar legalmente en Estados Unidos bajo las normas que establecen las leyes, los inmigrantes, todos tienen derecho al debido proceso que garantiza las libertas públicas, en particular el derecho a la libertad bajo fianza.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) y diversas organizaciones políticas y sociales de la isla y el Estado de California demandaron el martes 29 de julio de 2025 contra la Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, para anular la medida que no permitiría a los migrantes detenidos solicitar la libertad bajo fianza.
“La Constitución garantiza a todas las personas dentro de las fronteras de Estados Unidos, los derechos a la igual protección y al debido proceso de la ley”, sostuvo en un comunicado de prensa Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El debido proceso, prioriza que todas personas tienen el derecho a ser escuchados por un juez, quien será el que decidirá silo mantiene en prisión o en libertad condicional.
Si la nueva política promulgada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), continúa, miles de inmigrantes podrían ser encarcelados indefinidamente mientras sus casos son considerados durante meses o incluso años, lo que elimina la capacidad de obtener la libertad bajo fianza.
Los demandantes y proponentes están representados por la ACLU, la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP, en inglés), y los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz.
“La Administración Trump busca reescribir la protección constitucional, negando a millones de inmigrantes en los centros de detención la capacidad de solicitar libertad bajo fianza. Por medio de un memorándum, y sin justificación que lo amerite”, añadió Tan.
En realidad, de los hechos, el gobierno de Trump una vez más se coloca al margen de ley al restringir e impedir la libertad bajo fianza, derecho al que los inmigrantes deben acceder sin importar su condición migratoria.
Una vez más, las autoridades gubernamentales en su afán y persistencia de debilitar las libertades públicas tendrán que demostrar por ante los tribunales de justicia, porque la libertad bajo fianza debe eliminada a los inmigrantes considerados como irregulares. La justicia tendrá la última palabra y es tiempo de esperar.
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