San Francisco de Macorís. – Representantes provinciales y municipales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la región Nordeste emitieron una firme declaración en la que condenan múltiples violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente, tras concluir el Precongreso Regional celebrado en esta ciudad.
La declaración, firmada por delegados de las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte y Hermanas Mirabal, recoge las principales preocupaciones sociales, ambientales y jurídicas detectadas en sus respectivas comunidades.
Uno de los principales señalamientos fue dirigido a las operaciones mineras en la región, las cuales, según los firmantes, se han desarrollado de manera descontrolada, provocando daños irreparables a los ecosistemas, fuentes hídricas y a la salud de la población rural. Acusaron al Estado de negligencia en su deber constitucional de proteger los recursos naturales, especialmente los forestales e hídricos de la Cordillera Septentrional, considerada una reserva ecológica de vital importancia para el país.
En el documento, los defensores de derechos humanos también expresaron su rechazo a la eventual aprobación de un nuevo Código Penal, al que calificaron de regresivo. Alegan que la iniciativa representa un grave retroceso en la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Exhortaron al presidente de la República a no promulgar dicha legislación, calificándola como una “ignominia jurídica”.
Durante el precongreso, también se abordó la crisis del sistema penitenciario nacional, caracterizado por el hacinamiento, condiciones inhumanas, falta de atención integral y la carencia de políticas efectivas de reinserción social. En ese sentido, exigieron reformas estructurales urgentes que garanticen un trato digno a las personas privadas de libertad, en consonancia con los estándares internacionales.
Otro de los temas tratados fue la persistente violencia de género en la región. Los representantes de la CNDH denunciaron la falta de atención adecuada por parte del sistema judicial, señalando que, en múltiples ocasiones, se libera a agresores mediante garantías económicas, incluso en casos de gravedad extrema. Esta práctica, indicaron, revictimiza a las mujeres y perpetúa el ciclo de violencia e impunidad.
Finalmente, reafirmaron su compromiso de acompañar a las comunidades en la defensa de sus derechos y en la exigencia de políticas públicas coherentes, justas y respetuosas de la dignidad humana.
La declaración fue emitida el 2 de agosto de 2025, como resultado de un proceso de reflexión colectiva durante el Precongreso Regional Nordeste de la CNDH, con miras al Congreso Nacional de la entidad.
Delegación de Hermanas Mirabal en el Precongreso de la Comisión Nacional de los Derechos”.
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