El asesinato de Luis Gustavo D’Aza, “Nini”, frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís no es un homicidio más. Es un acto de terrorismo judicial y una afrenta directa a la soberanía del Estado. Este crimen no puede ser interpretado de otra forma que no sea como un mensaje de intimidación social.
La ejecución de un testigo a las puertas de un tribunal es la manifestación más cruda del sicariato. Se ha cruzado una línea roja que pone en jaque la integridad de todo el sistema. El hecho de que “Nini” fuera la tercera víctima mortal vinculada a un mismo caso judicial evidencia un patrón sistemático de eliminación de pruebas y testigos que el aparato de seguridad estatal no ha sabido o no ha podido detener.
Falla sistémica y responsabilidad institucional
Las denuncias de los familiares de la víctima, quienes aseguran haber advertido a la fiscalía sobre las amenazas de muerte, son de una gravedad extrema. Si se confirman, no estaríamos solo ante un crimen atroz, sino ante una falla catastrófica en los mecanismos de protección del Estado. Un testigo bajo amenaza que acude a un tribunal no puede ser dejado a su suerte; su seguridad es responsabilidad directa e indelegable del sistema al que está ayudando. Proteger a quienes colaboran con la justicia no es una opción, es un requisito fundamental para su funcionamiento.
Este sicariato puede ser un mal ejemplo para atemorizar a otros testigos que pueden imponer una ley del silencio para garantizar la impunidad en otros procesos. Con el peor mensaje evidenciado es que colaborar con la ley equivale a una sentencia de muerte.
Además este acto socava la confianza pública al demostrar que no hay lugar seguro y que el Estado es incapaz de proteger a sus ciudadanos, ni siquiera en el umbral de sus propias instituciones judiciales.
La sociedad reclama una respuesta contundente
Las declaraciones de la fiscal Smaily Rodríguez, calificando el hecho como un “golpe directo al sistema”, son correctas, pero insuficientes. La sociedad no espera discursos, sino resultados. La promesa de perseguir a todos los implicados, incluyendo a los autores intelectuales detrás del sicario, debe materializarse con una celeridad y una contundencia ejemplares.
Este hecho pone al Estado dominicano a una prueba de fuego. La respuesta a este desafío no puede ser tímida. Se exige una investigación inmediata y transparente y una persecución implacable de los autores intelectuales.
La legitimidad del Estado no se negocia; se defiende con hechos. No actuar con la máxima firmeza ante este ataque directo sería una rendición de facto, cuyas consecuencias para la seguridad y la justicia en la República Dominicana serían devastadoras.
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