El viejo Código Penal Dominicano amparado en la Ley Número 2274 de 1884 se había convertido en un permanente aliado para los políticos que siempre han vivido de la corrupción pública, debido a que no establecía penas drásticas contra los políticos que enriquecían de manera ilegal con los dineros del Estado.
Gobiernos tras gobiernos de los diferentes partidos políticos que han gobernado en la nación dominicana, muchos políticos sin rubor alguno continúan acumulando fortunas derivadas de actos de corrupción pública.
Los políticos que eran enjuiciados por actos de corrupción pública y condenados por la justicia al poco tiempo retornaban a la vida política activa como si nada hubiese pasado. Esa ha sido la vieja norma en la que viven aun los políticos en la República Dominicana, los cuales no se detienen ante los escándalos de corrupción pública en los que se involucran.
A pesar de que varios políticos como es el caso de la exdiputada de la provincia de La Vega por el gobernante partido Revolucionario Moderno (PRM), Amalia Rosa Pilarte fue declarada culpable y condenada a cinco anos de prisión por el cargo de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, lo que incluyo la confiscación de 13 propiedades valoradas en varios millones de dólares.
Sin embargo, esa realidad ha cambiado con la aprobación del esperado nuevo Código Penal Dominicano, la Ley 74-25, el cual podrá convertirse en el muro de contención para los políticos que se apoyan en la corrupción pública.
El Código Penal convertido en una realidad luego de varias décadas de haber sido discutido por ante el Congreso Nacional de la República Dominicana fue promulgado el pasado 25 de agosto por el presidente, Luis Abinader, pero que entrará en vigencia en agosto del próximo año 2026.
En relación a los actos de corrupción de estado, el Código Penal establecerá severas sanciones que incluyen desde la prisión, multas, inhabilitación y decomiso de bienes económicos.
Pero, sin lugar a dudas, que la inhabilitación se convierte en una de los principales logros, debido a que los políticos condenados por corrupción no tendrán la posibilidad de retornar a la pública. Es más, los políticos corruptos que al parecer se sentían orgullosos de sus actos de corrupción formarán parte del pasado. Esa inhabilitación era esperada por todos los dominicanos ya sea los que residen en la isla caribeña como en el extranjero.
La pieza legislativa, además incluye el incremento de las penas de 30 a 40 años de prisión que pueden acumuladas hasta los 60 en caso de múltiples delitos, el ciberacoso, el feminicidio, crimen organizado y la estafa piramidal. El nuevo Código Penal Dominicano de aplicarse como ha sido establecido de seguro que se convertirá en el terror de los políticos que se han acostumbrado a la permisiva practica de la corrupción pública en la sociedad dominicana.
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