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El derecho a la vida y la penalización del aborto en nuevo código penal

. por .
18 diciembre, 2014
en Opiniones
Lic. Juan Alberto Taveras Vargas

Lic. Juan Alberto Taveras Vargas, Procurador General de Corte de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Lic. Juan Alberto Taveras VargasLa Cámara de Diputados acogió las observaciones al Código Penal e introdujo un texto alterno para modificar los artículos 107, 108,109 y 110, lo que había provocado el veto presidencial a la ley que crea la nueva legislación penal que data del año 1884, estableciéndose que la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible.

En su texto alterno (el párrafo, del articulo 110) los diputados establecieron que la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos que se establezcan mediante ley especial.

El nuevo código penal en el artículo, prescribe que: “Salvo lo previsto en el artículo 110, quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopera con dicho propósito, aun cuando esta lo consienta, será sancionado con dos o tres años de prisión menor”.

También establece que la misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren, o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el aborto se haya efectuado.

Sostiene que si no se produce el aborto pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine en él una severa tara física o síquica, el autor será sancionado con uno a dos años de prisión menor.

En el artículo 108, establece los profesionales médicos, parteras, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, que, abusando de su profesión u oficio, causen o ayuden a causar el aborto serán sancionados con cuatro a diez años de prisión mayor.

Y en artículo 109 dice que si los hechos incriminados en los artículos 107 y 108 de este código causan la muerte de la mujer, el culpable será sancionado con pena de diez a veinte años de prisión mayor.

El poder ejecutivo, había apoderado nuevamente la cámara de diputado del proyecto de ley del nuevo Código Penal, con las observaciones hecha, atendiendo a críticas y rechazo de parte de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otros sectores liberales del país, por lo que la misma establece la penalización de la práctica del aborto.-

También sectores religiosos, como el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, en su última carta pastoral y las iglesias evangélicas solicitaron ala la cámara de diputados, la ratificación del Código Penal tal cual fue aprobado.

Los obispos establecieron que la “legalización del aborto” es dictar “pena de muerte”, a una persona, por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación.

El articulo 37, de la constitución de la república establece que “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.

También la Convención de los derechos del del niño, en su Artículo 6, establece que: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.

El código para la protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el Artículo 3, establece el Derecho a la vida y expresa que: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia, la salud y su desarrollo integral”.

Como podemos observar, tanto la constitución, el Código del Menor y la convención de los derechos del niños, se oponen al aborto, por eso el legislador dominicano, estableció, como así lo hace contar el Código Penal, la prohibición del Aborto, porque hay que cuidar al niño que esta por nacer, ya que es inocente e indefenso y los que están a favor del aborto, están en contra del derecho a la vida, y esto va en contra de la dignidad humana, promoviendo una legislación, para que nadie pueda impedir que se cometa un infanticidio.

Los defensores del aborto pretendían cubrir su naturaleza criminal mediante terminología confusa o evasiva, ocultando el asesinato con jerga como «interrupción voluntaria del embarazo» o bajo conceptos como «derecho a decidir» o «derecho a la salud reproductiva», y si se estableció que la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos que se establezcan mediante ley especial.

El Poder Ejecutivo no podrá observar de nuevo lo que hizo la Cámara de Diputados. Si el proyecto hubiese sido rechazado debía ir al Senado, pero como fue aprobado va al Poder Ejecutivo para su promulgación estable la Constitución de la República.

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