SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción contra once agentes de la Policía Nacional acusados de la muerte de cinco hombres, ocurrida el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita.
El tribunal declaró el caso como de tramitación compleja y dictó prisión preventiva para el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Asimismo, impuso garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica para los oficiales Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, quien presidió la audiencia que se extendió por más de seis horas, también acogió la solicitud del Ministerio Público de otorgar órdenes de protección a las víctimas y testigos del proceso.
Los hechos y las víctimas
De acuerdo con la investigación, los policías enfrentan cargos por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
La acusación sostiene que los agentes llegaron al lugar en tres vehículos —dos carros, un Mazda y un Honda Civic, y un Kia K5— y abrieron fuego sin mediar palabras. Posteriormente, habrían sustraído teléfonos móviles y los DVR de los negocios cercanos para eliminar evidencias, además de intimidar a testigos y ocultar información que comprometía su responsabilidad.
El Ministerio Público indicó que los hechos fueron calificados jurídicamente como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Declaraciones del Ministerio Público
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que este caso representa un compromiso institucional con la justicia.
“Desde el principio nos hemos comprometido; ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, afirmó.
Camacho, acompañado por las fiscales Quirsa Abreu Peña y Yeny Liranzo, así como por el procurador de corte Héctor García, agregó que el proceso debe servir de aprendizaje para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
“Es importante, a partir de estos hechos, que aprendamos como sociedad a prevenir que sucesos de esta naturaleza se repitan”, expresó.
Contexto de la investigación
Tras el incidente, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección de Persecución y a la Fiscalía de Santiago a realizar una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias objetivas del caso y actuar conforme a los resultados obtenidos.
El Ministerio Público mantiene la postura de que los agentes actuaron de forma coordinada para ejecutar y encubrir el hecho, lo que refuerza la solicitud de tramitación compleja y las medidas de coerción dictadas.
La audiencia y las declaraciones de las autoridades reflejan la firmeza del Ministerio Público en su objetivo de garantizar justicia en un caso que ha generado amplia atención pública y demanda de transparencia en la actuación de las fuerzas del orden.
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