Resulta una antítesis del desarrollo contemporáneo observar cómo una infraestructura hospitalaria de vanguardia, cuya inversión supera los RD$10,000 millones, sucumbe ante soluciones sanitarias obsoletas por una evidente fragmentación en la planificación estratégica. Es imperativo señalar que la implementación de pozos sépticos como medida paliativa no es solo una regresión técnica, sino el síntoma de una patología administrativa profunda: la ausencia de una gerencia de proyectos integral que priorice los servicios ecosistémicos básicos sobre el avance cosmético de la obra.
El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha incurrido en una disonancia operativa al permitir la progresión de la segunda etapa (Zona 3, Niveles 1 y 2) mientras los componentes críticos de la primera etapa —específicamente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el Almacén General y las áreas exteriores— permanecen en un estado de inconclusión técnica. Esta decisión contraviene los principios elementales de la ingeniería civil y sanitaria, donde la infraestructura de soporte vital debe preceder a la habilitación de servicios de diagnóstico y esterilización.
La precariedad se agudiza al analizar el balance hídrico del proyecto. En una configuración técnica que raya en lo irracional, el centro hospitalario depende de cuatro pozos tubulares para su abastecimiento, mientras simultáneamente se pretende utilizar el subsuelo como receptor de efluentes fecales. Este ciclo cerrado de extracción y vertido no solo compromete la integridad del acuífero regional de la Provincia Duarte, sino que representa un riesgo epidemiológico latente. ¿Dónde reside la vigilancia de las autoridades ambientales ante este atentado a la geohidrología local?
La postergación de la puesta en marcha de servicios críticos (imágenes, laboratorio, lavandería y esterilización), prevista para el 15 de diciembre de 2025, es la consecuencia directa de una gestión que ha permitido al contratista mayoritario priorizar intereses particulares sobre el rigor normativo. Como profesionales de la ingeniería, no podemos normalizar que el clientelismo degrade la calidad de una obra que debería ser el baluarte de la salud regional. La infraestructura pública exige ética, técnica y, sobre todo, una administración que no sacrifique la sostenibilidad por la inmediatez política.
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