Santo Domingo. – La decisión de “no ha lugar” en el caso Pumarol se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, afirmó el abogado Víctor Eddy Mateo, al destacar que el tribunal actuó conforme al principio de legalidad y las pruebas presentadas durante el proceso.
Durante una entrevista concedida al programa Toque Final, conducido por Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, el especialista ofreció sus consideraciones en torno al proceso del caso, ocurrido en un condominio del sector Naco, donde el imputado Jean Andrés Pumarol Fernández provocó la muerte de una mujer y dejó varios heridos, generando gran conmoción en la sociedad dominicana.
En ese sentido, explicó que desde el inicio tanto la familia como diversos profesionales habían advertido sobre la condición psiquiátrica del joven, la cual fue posteriormente confirmada mediante evaluaciones técnicas, permitiendo al tribunal aplicar lo establecido en el artículo 64 del Código Penal, relativo a la inimputabilidad por trastornos mentales.
Mateo aclaró que no existe contradicción entre una decisión inicial de imputabilidad y un posterior “no ha lugar”, ya que el juez puede reevaluar su criterio en función de nuevas pruebas incorporadas al proceso, como ocurrió tras la apelación presentada por la defensa.
Asimismo, subrayó la importancia de prevenir situaciones similares mediante la articulación entre el sistema judicial y el sector salud, destacando que la Ley 12-06 sobre Salud Mental establece la necesidad de seguimiento médico y supervisión continua en estos casos.
En cuanto a la responsabilidad familiar y comunitaria, sostuvo que, si bien debe preservarse la dignidad del paciente, también es fundamental adoptar medidas preventivas e informar oportunamente en entornos cercanos cuando existan riesgos.
El jurista reiteró que, aunque la reincidencia no se castiga como tal, cualquier nuevo hecho sería evaluado de manera independiente por los tribunales, al tiempo que enfatizó la necesidad de un acompañamiento integral por parte del Estado, el Ministerio de Salud Pública y la familia, para garantizar tanto la seguridad colectiva como el bienestar del paciente.
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