El día 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, por resolución de la Organización de las Naciones Unidas, del año 2007. La ONU, decidió dedicar ese día, con la finalidad de aumentar la conciencia sobre el Trastorno del Espectro Autista, promover la inclusión y el respeto hacia las personas autistas, propiciar el acceso a diagnóstico temprano y apoyo adecuado, combatir estigmas, mitos y discriminación que frecuentemente se dan a las personas que tienen dicha condición. Esta fecha invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan estas personas y sus familias, así como sobre el compromiso de los Estados en garantizar sus derechos fundamentales.
En el plano jurídico internacional, la República Dominicana ratificó en el año 2009 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad. Este instrumento adopta un enfoque basado en derechos humanos, reconociendo que la discapacidad no radica exclusivamente en la persona, sino en la interacción con las barreras del entorno que limitan su participación plena en la sociedad.
En ese sentido, el uso del término “discapacidad” debe entenderse desde una perspectiva jurídica y social, no como una negación de capacidades, sino como una categoría que permite visibilizar desigualdades y exigir garantías de inclusión. Las personas con autismo poseen múltiples potencialidades y, con los apoyos adecuados, pueden desarrollarse plenamente en los ámbitos educativo, laboral y social.
En el ordenamiento jurídico dominicano, la Ley núm. 34-23 del 5 de junio de 2023, sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista representa un avance significativo. Esta normativa, en su art. 3 numeral 9, define el autismo como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, así como por patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, presentes desde la infancia y que pueden afectar el funcionamiento diario.
No obstante, más allá de los avances normativos, persisten importantes desafíos en la implementación efectiva de estas disposiciones. Muchas familias enfrentan limitaciones en el acceso a servicios de salud especializados, terapias psicológicas y apoyo educativo adecuado. Esta situación se agrava en sectores de bajos ingresos, donde el costo de las intervenciones necesarias resulta inaccesible.
Asimismo, el sistema educativo dominicano aún presenta debilidades en materia de inclusión. En muchos casos, los docentes no cuentan con la formación necesaria para atender a estudiantes con TEA, lo que puede derivar en exclusión dentro del aula o en estrategias pedagógicas inadecuadas para sus necesidades.
En el ámbito social, persisten estigmas y prejuicios que afectan tanto a las personas con autismo como a sus familias. Conductas como los gritos, las rabietas o la tendencia a correr no deben interpretarse como falta de educación, sino como formas de comunicación o mecanismos de autorregulación ante situaciones de sobrecarga sensorial, ansiedad o dificultad para expresar necesidades. La falta de comprensión de estas conductas suele dar lugar a juicios erróneos y a la exclusión social.
La dignidad humana, reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus arts. 1 y 2, y en los arts. 5, 7, 8, 38, 39 y 58 de la Constitución dominicana, constituye el fundamento de todos los derechos. Este principio implica que toda persona, independientemente de sus condiciones, posee un valor intrínseco que debe ser respetado y protegido. En el caso de las personas con autismo, esto se traduce en la obligación de garantizar condiciones reales de inclusión y participación social.
La inclusión social no se limita a la existencia de normas jurídicas, sino que requiere la eliminación efectiva de barreras físicas, sociales, culturales y educativas. Esto implica asegurar el acceso a una educación inclusiva, servicios de salud adecuados, oportunidades laborales y espacios de participación comunitaria.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1 de cada 127 personas en el mundo presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que equivale a cerca de 62 millones de personas a nivel global. Este organismo también advierte que las personas con autismo enfrentan mayores barreras en el acceso a servicios de salud, educación e inclusión social, lo que impacta directamente en su calidad de vida.
En definitiva, el mayor reto del Estado dominicano no radica únicamente en la creación de leyes, sino en su aplicación efectiva. Es necesario fortalecer las políticas públicas, ampliar la cobertura de servicios especializados y promover una cultura de respeto e inclusión.
En este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se hace un llamado a la sociedad dominicana a asumir un compromiso colectivo con la inclusión. La familia, el Estado, los educadores y la sociedad en general tienen la responsabilidad de construir un entorno más justo, donde las personas con autismo puedan desarrollar plenamente sus capacidades y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad.
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