Como es conocido el cambio climático hace referencia a esos fenómenos meteorológicos extremos: sequías, inundaciones, huracanes intensos, derretimiento de glaciares, subida del nivel del mar, acidificación oceánica y pérdida de biodiversidad…, por muchos de estos la población dominicana sufre grandes pérdidas humanas y materiales.
Sus consecuencias que son funestas, acarrean también, grandes crisis alimentarias, migraciones forzosas, distintos daños a la salud humana y pérdidas económicas masivas a nivel global, debido a esta alteración persistente de los patrones climáticos y temperaturas de la Tierra, que se agrava con la quema de combustibles fósiles, deforestación y procesos industriales.
Asimismo, la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) que aumenta la temperatura global, generando efectos devastadores como el aumento del nivel del mar, sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Como se describió precedentemente.
Para combatir este fenómeno, se requiere la transición de energías limpias, reducir la deforestación y adoptar estilos de vida más sostenibles. Es por ello, que la República Dominicana, país que observa buenas normas y acciona para frenar los impactos del cambio climático, ejercita la Ley 64-00 de Medio Ambiente, Política Nacional de Cambio Climático, que procura reducir un 27% de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el 2030.
El enfoque abarca energía, transporte, y recursos forestales. De igual forma, el Decreto 269-15 que formaliza políticas de adaptación y migración. Estas normas se extienden al Acuerdo de París (2015) y la Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC), para limitar el calentamiento global. Cónsono con ellas, los Estados crean planes de reducción de emisiones (NDC) y fomentan la adaptación, teniendo como base las normas nacionales y estándares internacionales. Poseemos la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC).
Asimismo, la Ley No. 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), mediante su cuarto eje estratégico, plantea “una sociedad de producción y consumo, ambientalmente sostenible, que se adapte al cambio climático”. Como es sabido, este es “uno de los desafíos más importantes y urgentes que enfrenta la humanidad en el siglo 21, cuyos impactos ponen en peligro el desarrollo institucional, económico, social y ambiental de los países en vías de desarrollo”.
En ese aspecto la Constitución dominicana en su artículo 194 consagra que es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático. Sin embargo, “ … se requiere de una firme voluntad política y una visión integral del problema del cambio climático. Estamos obligados a utilizar mecanismos más eficientes que los que hasta hoy se han puesto en ejecución, para mitigar los gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático.
Es preciso proteger el medio ambiente, modificando los hábitos actuales de producción y de consumo, e incentivando las inversiones que promueven la sostenibilidad ambiental, así como la cohesión social y territorial de la sociedad dominicana”. La premisa es de la actual Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) o Decreto 269-15, que como se precisó, establece el marco estratégico nacional alineado con el Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto, que obliga a los Estados industrializados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente dióxido de carbono.
Entre otras leyes que complementan el marco jurídico para accionar en la mitigación de los daños ocasionados por el cambio climático en nuestra nación es la Ley 57-07, de Energías Renovables que promueve energía limpia; de Residuos Sólidos, 225-07, que regula la gestión de desechos; de Áreas Protegidas, 202-04, para la conservación y manejo de ecosistemas. Además, existen instituciones como el Consejo Nacional para el Cambio Climático , creado mediante el Decreto 601-08, que es el rector de las políticas públicas: formula, diseña y ejecuta estrategias y acciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adapta la nación a los efectos del cambio climático.
No obstante, es urgente, necesaria la educación climática para crear cambios de comportamiento en la población, transformar la concienciación en acción, para mitigar y adaptar el cambio climático, es decir, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y prepararnos para los impactos inminentes. Ella encierra asimismo, la promoción de hábitos sostenibles como el ahorro energético, reciclaje y movilidad activa, para poder reducir la huella ecológica, formar una ciudadanía crítica y responsable.
Tenemos que volver al fomento desde la educación básica, de huertos escolares, y formación en eficiencia energética. Enseñar a las comunidades escolares a crear mapas de riesgo y planes de contingencia ante desastres. Además acogernos a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),acerca de crear conciencia ciudadana, mediante el desarrollo de valores para actuar como agentes de cambio.
Formar a personas responsables, críticas y comprometidas con los desafíos globales. Aquí cada docente es clave, al guiar proyectos prácticos, desde reciclaje hasta energía solar en escuelas. En fin, al impartir educación ambiental.
Sin olvidar que, cada persona en la individualidad y en la colectividad es un pilar de la conciencia mundial, cuando fomenta respeto a derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad medioambiental.
Hasta pronto.
La autora reside en Santo Domingo
Es educadora, periodista, abogada y locutora.
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