La discusión en torno a la denominada “Ley Mordaza” ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y sus límites dentro del Estado de derecho. Se trata de un derecho fundamental, protegido por la Constitución y los tratados internacionales, indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
No obstante, la libertad de expresión no debe confundirse con conductas que lesionan los derechos de terceros. La calumnia, la difamación, el chantaje y la difusión deliberada de informaciones falsas para perjudicar a personas, familias o empresas representan un abuso de ese derecho y no una manifestación legítima del mismo.
El reto consiste en garantizar un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor, la dignidad y la buena reputación. Ambos principios pueden coexistir siempre que las leyes se apliquen con respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las garantías constitucionales.
El verdadero debate no debe centrarse en restringir la libertad de expresión, sino en asegurar su ejercicio responsable. Una democracia sólida protege el derecho de todos a expresarse libremente, pero también exige consecuencias para quienes utilicen esa libertad para difamar, desinformar o vulnerar los derechos de los demás a través de campañas sucias y cobardes.
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